Un nombramiento disparatado y otro polémico

En las últimas horas, los ciudadanos hemos asistido atónitos al nombramiento por parte del Gobierno de Andalucía de dos altos cargos cuya idoneidad es, como poco, más que dudosa. En concreto, nos referimos a la finalmente abortada designación de Elisa Isabel Fernández-Vivancos como nueva delegada provincial de la Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, en Granada, y al nombramiento de Carlos Sierra como director de la Oficina Fiscal y Judicial de Andalucía.

Resulta altamente llamativo que una macroconsejería que, entre sus muchas funciones, tiene la de la "regeneración" haya elegido a una ex jefe de letrados de la Junta, Fernández-Vivancos, que tuvo que ser destituida de su cargo por su incomprensible y llamativa actuación en el caso del centro comercial Nevada, en Granada, a cuyo promotor, el empresario Tomás Olivo, la Junta de Andalucía tuvo que abonar 168 millones de euros de lucro cesante tras estar las obras de dicho edificio paralizadas una década por la Administración andaluza. Fernández-Vivancos, incomprensiblemente, desatendió sus obligaciones más elementales y no impulsó ninguna estrategia judicial para contraargumentar en los tribunales la cifra presentada por dicho empresario, por lo que los intereses públicos -los de todos los ciudadanos- fueron gravemente desatendidos. Más incomprensible es que, después de estos hechos, la ex letrada jefe de la Junta aceptase un trabajo como abogada en el mismo despacho privado, Ramón y Cajal, que representó en el caso Nevada los intereses de Tomás Olivo. Este nombramiento ha sido un completo dislate, tanto que, a las pocas horas de haber sido aprobado por el Consejo de Gobierno, se ha tenido que dar marcha atrás. Juan Marín debe dar ahora explicaciones de por qué y cómo se ha permitido que una persona que tan nociva ha sido para los intereses de la Junta haya rozado por un momento un cargo público de tanta responsabilidad.

El segundo nombramiento al que nos referimos no tiene los mimbres escandalosos del primero, pero sí se puede considerar como, por lo menos, poco estético. Carlos Sierra es un conocido y respetado profesional de la abogacía en Sevilla, pero fue el que defendió a uno de los máximos implicados en el caso del fraude de los ERE, Francisco Javier Guerrero. Todo el mundo tiene derecho a su defensa, pero Marín tenía un amplísimo abanico de profesionales del Derecho para elegir antes que a alguien tan identificado con un caso que tanto daño ha hecho a la imagen de Andalucía.

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