El Gobierno andaluz se ha sumado a las comunidades que van a exigir un certificado Covid para acceder a algunas instalaciones. Antes solicitará la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y es de esperar que los magistrados resuelvan a favor de la Junta si esta obligatoriedad se ordena con garantías. Uno de los asuntos que se está considerando esencial en otros tribunales es que la exigencia del certificado esté acotada en el tiempo, y se especifique y justifique qué sectores son los afectados. Recientemente, el Tribunal Superior de Cataluña ha pedido a la Generalitat que justifique mejor la adición de nuevos sectores a un decreto inicial. Los tribunales no se vienen oponiendo al certificado de por sí, sino que exigen una clara justificación sanitaria y un marco que delimite bien qué centros y actividades empresariales quedarán afectadas. En el caso de Andalucía, la primera intención es bastante moderada, porque sólo se exigirá el certificado Covid en los hospitales y en los centros sociosanitarios. Hay comunidades que lo exigen para el ocio nocturno y otras lo han ampliado a todo tipo de locales de restauración, incluidos los bares. Entendemos que hay nuevas razones para ampliar las medidas que contengan la extensión del coronavirus. Una de ellas es la certificación de que vivimos una sexta ola; otra, la aparición de una nueva cepa, la sudafricana, que ahora se debe investigar y, por último, que el reflejo de lo que está ocurriendo en países como Portugal y Alemania, con porcentajes muy altos de población vacunada, será un hecho real en España en pocas semanas. Llegan las vacaciones de Navidad y sabemos por las anteriores que son semanas en las que el riesgo se dispara, por la celebración de reuniones familiares de miembros que proceden de distintos lugares. Estas medidas y la extensión de la vacunación a los niños deben alejar el fantasma de nuevas restricciones a las actividades económicas.