El asalto de una banda de narcotraficantes al hospital público de La Línea no es ni un hecho aislado ni excepcional; es cierto que nunca se había llegado a violar un espacio sanitario, pero horas después de que eso ocurriese, un todoterreno de vigilancia de la Guardia Civil fue embestido por un automóvil de traficantes hasta tirarlo en una acequia. Hay alijos en medio de la playa en pleno verano y se cuentan a puñados los ataques contra policías locales, el río Guadiaro es un coladero del comercio ilegal y en muchas áreas de La Línea hay miedo. No pongamos paños calientes, lo que aquí interesa es revertir esta situación en todos sus planos y no la polémica estéril entre la presidenta de la Junta y el ministro del Interior. Cuando una parte de la sociedad se acostumbra a vivir del narco, los tentáculos emulativos terminan por pervertirlo todo. Lo hemos visto en municipios como Sanlúcar, Barbate, en pueblos secularmente castigados por el paro y muy cercanos a las costas marroquíes. Pero la razón social no debe servir como argumento para el lamento ni la comprensión social. Miles de linenses honrados se buscan la vida de un modo legal, en las mismas condiciones de quienes deciden entrar en el negocio de la delincuencia. La Fiscalía de Cádiz lleva advirtiendo desde hace años que la represión no es la única solución, pero es inexcusablemente necesaria. La Línea necesita, de un modo urgente, solventar su problema de orden público, de relativización del poder del Estado, y para ello es necesario el refuerzo de los cuerpos policiales e, incluso, el envío de otros grupos especiales. El narco debe comprender el mensaje de las administraciones. Y, a la vez, hay que abrir líneas de persecución policial contra los clanes que se han asentado en estas poblaciones. Conviene, además, elevar la pena de prisión por tráfico de hachís, porque lo cierto es que son tan bajas que compensa asumir esos riesgos. Si no se ataja de modo inmediato, el cáncer se extenderá.