Los límites de la reforma constitucional

La reforma constitucional no puede acabar con la igualdad de derechos y obligaciones entre todos los territorios

Independientemente de que al fin se acometa o no, parece claro que durante esta legislatura uno de los debates de fondo, si no el principal, será el de la reforma constitucional. En principio, no hay nada de extraño en que, casi cuarenta años después, se aborden algunos pequeños cambios que pongan al día un texto que, si bien nació en una circunstancias históricas muy distintas a las actuales, todavía hoy sigue estando plenamente vigente y colmando las aspiraciones políticas de la gran mayoría de los españoles.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que tras lo que algunos llaman reforma constitucional, como es el caso de los populistas de Podemos o los independentistas periféricos, se esconde un auténtico intento de impulsar un proceso constituyente que finiquite no sólo la unidad del país, sino la Monarquía parlamentaria que los españoles nos dimos el 6 de diciembre de 1978. Por eso es importante que las fuerzas constitucionalistas dejen muy claro desde ya que no se tocará ninguno de los dos principios fundamentales de nuestro sistema político.

A nadie se le escapa que, más allá de algunos retoques concretos -como el de llevar la igualdad de género a la línea de sucesión de la Corona-, con la reforma constitucional se busca, sobre todo, un nuevo encaje de Cataluña en España. A la luz de los acontecimientos políticos en esta autonomía durante los últimos años, parece claro que ha llegado el momento de abordar la cuestión siempre que no se traspasen dos líneas fundamentales: que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español -y nunca puede fragmentarse- y que todas las comunidades autónomas deben tener los mismos derechos y obligaciones en el conjunto del Estado. Sólo teniendo muy claras esas dos cuestiones se podrán explorar posibles vías que satisfagan las ansias identitarias de una parte importante del pueblo catalán.

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