El líder del PP afronta su primer contratiempo serio desde que hace unas semanas alcanzó la presidencia del partido. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, le ha pedido al Tribunal Supremo que investigue cómo obtuvo el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, correspondiente al curso 2008-2009. La juez aprecia que hay "indicios de responsabilidad penal" por parte de Pablo Casado y solicita al Alto Tribunal que lo cite como investigado para que aporte toda la documentación de que disponga sobre su paso por el citado máster. En su exposición, entiende que ha quedado "indiciariamente acreditado" que el título se usaba "como regalo o prebenda" con alumnos "con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional" con el catedrático Enrique Álvarez Conde, el responsable universitario de esos estudios.

La decisión de la juez no representa sorpresa alguna. Ya había resuelto imputar a tres alumnas, compañeras de Casado, por un delito de prevaricación administrativa y a una de ellas, que en su momento era alto cargo en la Generalitat de Valencia, le atribuye, además, un cohecho impropio. Los mismos tipos que considera pudo cometer el dirigente popular, del que presume una participación "activa" en el entramado para conseguir la titulación.

Habrá que esperar, por tanto, a que el Tribunal Supremo decida si admite esta pieza separada de la causa y, en caso afirmativo, si su criterio coincide o no con el de la juez Rodríguez-Medel. Hasta entonces, la prudencia debe imponerse para impedir que mediáticamente se establezcan conclusiones que, a día de hoy, se hallan todavía muy lejos de la realidad procesal. Sí hay que esperar de la investigación que consiga aclarar si hubo trato de favor a unos alumnos respecto a otros. Y, si fuera así, que se depuren las responsabilidades. Las más importantes, las académicas. No son los alumnos los que fijan sus criterios para aprobar. También, el caso debe servir de ejemplo para desterrar prácticas que sólo persiguen engordar los currículos. La acumulación de títulos universitarios no puede ser determinante para dictaminar sobre la capacidad de un político. Y también hay que advertir que España camina por una peligrosa senda en la que se aplica una especie de celo inquisitorial, que coloca bajo la sombra de la sospecha a todo aquel que se dedica a la vida pública.