Aunque todavía no es oficial, ya se da prácticamente por seguro que el Gobierno de Sánchez indultará en los próximos días a los líderes del procés encarcelados. El mismo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, preparó ayer el camino al pedir a la ciudadanía que se vean con "naturalidad" dichos indultos, tanto si son "totales como parciales". En nuestro ordenamiento jurídico el indulto es una potestad del Ejecutivo, una medida de gracia que sólo él puede adoptar y que no necesita ninguna autorización de ningún otro poder del Estado. No es cierto, como se ha dicho, que se requiera el arrepentimiento del preso o la autorización del tribunal que lo condenó. Ahora bien, dicho indulto debe ser informado por la Justicia y razonado por el Gobierno. Sobre todo no puede ser un acto caprichoso. Por lo tanto, la pregunta no es si Pedro Sánchez puede conceder el indulto a los líderes de los actos sediciosos que pusieron al Estado de Derecho español al borde del abismo, sino si debe hacerlo. Y la respuesta es no. En la actualidad, la totalidad de los presos del procés no sólo no han mostrado arrepentimiento alguno por los delitos cometidos, sino que alardean abiertamente de que volverán a intentarlo en cuanto las circunstancias lo permitan. Es más, en los últimos tiempos asistimos a una verdadera escalada del discurso soberanista en el movimiento independentista, que ni siquiera se molesta en ocultar sus conexiones con el huido Carles Puigdemont. Además, todo se puede complicar si, como es más que probable, el Tribunal Supremo emite un informe contrario sobre el indulto, lo que puede derivar en un nuevo encontronazo entre el Ejecutivo y el Judicial. Pero Pedro Sánchez ha demostrado ser un presidente al que no lo importa someter al Estado a fuertes tensiones si eso favorece sus intereses partidarios y personales. Tras toda esa retórica del diálogo y la reconciliación, se esconde la obligación del presidente del Gobierno de pagar los apoyos que ha recibido del soberanismo catalán para llegar a La Moncloa. El problema es que la sociedad española no está dispuesta a abonar ese peaje. Sánchez debería tenerlo muy presente.