Gibraltar en Schengen

La reunión de alto nivel que hoy jueves se celebrará en Bruselas para tratar de desbloquear la negociación del tratado entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar es una cita de vital importancia en la que España y, más en concreto, la comarca gaditana del Campo de Gibraltar se juegan mucho. Si de lo que se trata es de lograr en el futuro una “zona de prosperidad compartida”, como de forma repetitiva se subraya desde el Gobierno español y también desde el llanito, el acuerdo que pueda alcanzarse deberá garantizar un marco normativo de equidad entre el Peñón y España. No puede ser de otra forma si queremos acabar con las desigualdades que a lo largo de décadas han dado como resultado la existencia de una de las economías más prósperas del planeta junto a uno de los territorios europeos más depauperados. Esto comporta que Gibraltar ponga fin al dumping fiscal existente en la actualidad en todos los órdenes, que se comprometa a transponer la normativa ambiental de la UE, a igualar las pensiones de los ex trabajadores españoles de la colonia con las que cobran los gibraltareños, a luchar de forma eficaz contra el tabaco de contrabando y a un uso de sus instalaciones militares leal con sus vecinos, entre otras cuestiones. Es decir, si la meta de Gibraltar es derribar la Verja y abrirse, como sostiene su ministro principal, Fabián Picardo, a un mercado de 450 millones de personas mediante su integración de facto en el territorio Schengen de libre circulación de personas, bienes y mercancías, el Peñón deberá operar con las mismas condiciones que rigen para las empresas y trabajadores del conjunto de la UE. A ello se une la participación activa de las autoridades policiales españolas en el control de las nuevas fronteras exteriores de los 27 que, en el caso de la colonia, quedarían fijadas en su puerto y aeropuerto, este último construido en un terreno usurpado a España sin respaldo legal alguno.