La reunión mantenida esta semana entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el consejero andaluz del ramo, Antonio Ramírez de Arellano, ha sido un paso decisivo para concretar lo que hasta ahora era un compromiso verbal del Ejecutivo: la aportación extra de 1.000 millones de euros a la financiación de la comunidad andaluza en 2019. A nadie se le escapa el sesgo electoralista que tiene la medida de cara a los comicios del 2 de diciembre, fundamentales en la estrategia del PSOE a corto y medio plazo (una derrota socialista en Andalucía supondría una debacle sin paliativos), pero lo cierto es que, como venimos denunciando desde hace tiempo, es evidente que la comunidad autónoma andaluza está infrafinanciada, por lo que esta aportación extra de dinero es más que necesaria. Más si tenemos en cuenta que una parte importante de esta cantidad, 350 millones de euros, se deben al cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto andaluz. Las leyes, no hace falta insistir mucho en esto, están para cumplirse.

Los pormenores de esta inversión extra del Gobierno central se sabrán en el Consejo de Ministros que se celebrará en Sevilla, el 26 de octubre, otro acto de indudable sesgo electoralista. Cuando se sepan veremos hasta qué punto cumplen con las expectativas de los ciudadanos andaluces.

Como hemos asegurado, este dinero no puede ser más que bienvenido, pero la correcta financiación de Andalucía no debería depender de la buena sintonía entre los gobiernos central y autonómico (como ocurre ahora), sino de un sistema sólido y transparente compartido por el conjunto de los territorios españoles. Una vez más, hay que insistir en la necesidad de que se cierre definitivamente un nuevo modelo de financiación autonómica que dé respuesta a los problemas del conjunto de las comunidades. El actual, ya se sabe, no convence a nadie.