Era de presumir que el experimento del primer Gobierno de coalición de la España reciente tendría que afrontar serias dificultades para consolidarse. Los dos socios a la fuerza, PSOE y Unidas Podemos, beben en aguas ideológicas muy distintas, aunque ambos hayan intentado remarcar que les unen las políticas sociales. Pero cincuenta días después de la constitución del nuevo Ejecutivo, ni sus más críticos detractores podían imaginar el espectáculo de desencuentros y falta de coordinación que hasta ahora ha ofrecido. Y, lo peor para los socialistas, da la impresión de que la formación de Pablo Iglesias marca los tiempos y maneja con sus presiones la agenda del Gabinete. Los dirigentes de Unidas Podemos se muestran ansiosos por trasladar a su parroquia electoral la utilidad de su presencia en los centros del poder gubernamental. Pero las discrepancias se acumulan. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha visto obligado a anunciar públicamente que él era el competente para afrontar el conflicto en el campo, después de que Trabajo y el citado vicepresidente segundo se reunieran con algunos sindicatos para venderles la reducción de peonadas en algunas regiones para percibir el subsidio del desempleo. La titular de Igualdad también ha impuesto su criterio para tramitar antes del 8 de marzo su proyecto de ley integral para la protección de la libertad sexual, que exigirá una reforma del Código Penal que los socialistas pretenden que sea mucho más amplia, para introducir con esa oportunidad cambios en el delito de sedición. Las discrepancias han llegado también a Interior y su política migratoria. Iglesias, de nuevo, ha tomado la iniciativa para anunciar que no se producirán nuevas devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, después de que el Tribunal de Estrasburgo las avalara días antes, mientras el departamento de Grande-Marlaska defendía las actuaciones de las fuerzas de seguridad en las dos vallas. Tampoco hay consenso con la intención del ministro de endurecer la política de asilo en España. Y uno de los últimos casos de desacuerdo ha afectado al departamento más sensible y crucial para la política internacional española: el de Asuntos Exteriores. Marruecos ha protestado después de comprobar que el número 2 de Iglesias recibió en su despacho oficial a una representante de la República Árabe Saharaui Democrática, a la que España no reconoce como Estado. Aunque las comparaciones siempre puedan ser discutibles, nada que ver lo que sucede en Madrid con la coordinación que exhiben PP y Ciudadanos en su primer año en la Junta. Un Gobierno de coalición no puede ser un Gobierno de colisión.