La condena de pena de prisión permanente revisable para Enrique Romay Reina, el hombre que asesinó e intentó violar a una mujer en la localidad sevillana de Pilas, vuelve a poner en primera línea de la actualidad un duro tipo penal que, pese a estar siendo administrado con suma cautela por los jueces (es la segunda vez que se aplica en Andalucía y la séptima en España), es puesto en cuestión por algunas voces políticas y jurídicas. Esta oposición se ha visualizado muy claramente en el Congreso de los Diputados, donde durante la legislatura que ahora acaba se iniciaron a propuesta del PNV los trámites para derogar la también llamada cadena perpetua con los apoyos de PSOE, Podemos y otras formaciones nacionalistas.

Los contrarios a la prisión permanente revisable creen que dicha medida no garantiza el principio de reinserción que consagra nuestro ordenamiento jurídico, además de ser una figura de muy limitada aplicación práctica. Incluso, los más opuestos a este tipo penal argumentan que su existencia supone un peligroso acercamiento a la pena de muerte. Sin embargo, lo cierto es que, pese a que se le conoce popularmente como cadena perpetua, la prisión permanente revisable sí da posibilidades a los condenados a rehabilitarse y reintegrarse en la sociedad, aunque para ello deben pasar por exigentes controles psicológicos y judiciales, algo completamente comprensible teniendo en cuenta que dichos delincuentes son culpables de crímenes especialmente abominables, y que en muchos de los casos hay posibilidad de reincidencia.

Por desgracia, los crímenes de especial crueldad e impacto social suceden con mucha más frecuencia de lo deseable. Es indudable que existe una amplia demanda social para que se mantenga la prisión permanente revisable. La sociedad necesita creer en la utilidad y firmeza de su sistema penal y esto no se puede lograr si los ciudadanos observan que asesinos especialmente crueles pueden a acceder a beneficios penitenciarios por cuestiones como la buena conducta, la realización de estudios, etcétera. No es cuestión de fomentar la venganza, sino de defender a la sociedad de criminales especialmente crueles. El hecho de que los jueces apenas la apliquen es una prueba clara de la mesura con la que se está usando esta figura. La sociedad necesita tener leyes con la que poder dar una respuesta especial a crímenes especiales.