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El anuncio del consejero de Educación, Javier Imbroda, del nuevo decreto de escolarización ha vuelto a provocar la airada queja de los que se empeñan enfrentar la educación pública con la concertada, como si ambos modelos no buscasen lo mismo: la formación no sólo científico-técnica y cultural de los menores, sino también en los valores ciudadanos que consagra la Constitución española. Es absolutamente exagerado afirmar que el nuevo decreto de escolarización, que refuerza el derecho de las familias andaluzas a elegir qué centro quieren para sus hijos, amenaza a la educación pública. Primero porque el modelo concertado sólo está implantado en el 18% del territorio andaluz y, segundo, porque estos centros, más que una competencia desleal a la educación pública, han sido y siguen siendo pilares fundamentales en la escolarización de los menores andaluces. La educación concertada, a la vista está, ha sido una exitosa experiencia de colaboración público-privada. Acabar con ella sería no sólo una enorme torpeza, sino también una profunda injusticia.

La educación concertada, además, nada tiene que ver con ese modelo elitista y excluyente que algunos apuntan. Sólo hay que visitar estos centros para comprobar su condición interclasista y transversal. Si hay muchos padres que optan hoy por este modelo se debe a un conjunto de motivos, algunos subjetivos y otros no tanto, que van desde el histórico prestigio social que tienen los "colegios de curas y monjas" (la mayoría de estos colegios están vinculados a la Iglesia católica), hasta la fe religiosa de los padres, pasando por la creencia de que son centros que se han visto menos afectados por la degradación de la disciplina y las formas que se vive hoy en las aulas españolas.

Ni por peso ni por vocación, la educación concertada es o puede ser una amenaza para la educación pública, cuyos supuestos defensores suelen recurrir al victimismo como argumento. El éxito o fracaso de la escuela pública no dependerá de que haya más o menos colegios concertados, sino de su capacidad para cumplir con la alta misión que le ha encomendado la sociedad. Además, con este nuevo decreto de escolarización, los partidos del Gobierno andaluz (PP y Cs) cumplen su compromiso programático de apoyar, dentro de lo posible, la libre elección de centro por los padres, independientemente de que sean públicos o privados. En democracia, siempre es una buena noticia el cumplimiento de las promesas electorales.

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