El hecho de que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitiera ayer una declaración institucional en la que pide "moderación, prudencia y mesura" al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, es algo que, como mínimo, merece una reflexión. No todos los días el máximo órgano de los jueces le llama la atención a un miembro tan importante del Poder Ejecutivo, y menos le insta a abstenerse de hacer una "utilización política de la Justicia" y a no "cuestionar su independencia". Pablo Iglesias debería tomarse muy en serio esta tarjeta amarilla y evitar de aquí en adelante hacer declaraciones de trazo grueso como las que hizo en una entrevista televisiva, en la que aseguró que las resoluciones de los tribunales europeos han dejado "en mal lugar" a la Justicia española, lo cual supone una "humillación para el Estado". A estas alturas nadie duda ya que una de las herencias envenenadas del procés es el enrarecimiento de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Los independentistas han colocado en el punto de mira de sus críticas a la Justicia, conscientes de que ha sido la principal barrera ante sus aspiraciones de saltarse la Constitución española y finiquitar la soberanía nacional. Por eso, el Ejecutivo no debe hacerle el juego en esas críticas sin fundamento, cuyo único fin es desprestigiar el Estado de Derecho español y presentarlo ante la opinión pública internacional como un ente fallido. El Gobierno de Sánchez puede estar legitimado para negociar con el independentismo siempre que no vulnere la ley, pero en ningún caso puede sumarse a la campaña de acoso y derribo de los jueces. Entre otras cosas, porque sería vulnerar uno de los principios fundamentales de cualquier democracia: la separación de poderes. Pablo Iglesias debe comprender que ya no es un político de un partido de la oposición más o menos radical, sino una de las piezas más importantes del Gobierno de España y que, por tanto, debe respetar escrupulosamente al resto de poderes del Estado.

El CGPJ ha sido muy claro y tajante en sus críticas. Y esta vez no se puede hablar de politización, pues el documento ha sido firmado, además de por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, por absolutamente todos los vocales de su comisión permanente, tanto los propuestos en su día por el PSOE como los que lo fueron por el PP. Pablo Iglesias tiene que aprender la lección y, a partir de ahora, evitar este tipo de meteduras de pata, impropias de un vicepresidente del Gobierno.

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