El estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus ha vuelto a poner en evidencia que nuestro modelo territorial sigue siendo preocupantemente inestable y que urge cuanto antes cerrar un problema que lleva coleando desde el comienzo mismo de la democracia. Como ha quedado demostrado en los últimos años con el denominado procés, España no tiene ni mucho menos cerrado un modelo territorial que garantice tanto la igualdad como la solidaridad entre las comunidades autónomas, así como la leal colaboración de todas con el Ejecutivo central. Son muchísimas las voces del constitucionalismo español que avisan de que hay que madurar más un sistema, el autonómico, que de alguna manera se improvisó durante los primeros años de democracia, pero que ha demostrado también muchas cualidades para construir una Administración descentralizada y adaptada a las diferentes idiosincracias de los territorios de España. No se trata, ni mucho menos, de acabar con el Estado de las Autonomías, sino todo lo contrario: de mejorarlo para que pueda seguir siendo una herramienta útil para la connivencia y la buena administración.

La declaración del estado de alarma ha supuesto la recentralización temporal de algunas competencias para ganar en agilidad y eficacia en la lucha contra la pandemia. Esta concentración del poder en el Ejecutivo entraba dentro de la lógica, pero no ha estado exenta de tensiones que se han ido agravando a medida que pasaba el tiempo. Y no sólo por el habitual recelo de las comunidades nacionalistas (Cataluña y el País Vasco) a cualquier cuestión que suene a Madrid, sino también porque las gobernadas por el PP han aprovechado para hacer oposición a las políticas gubernamentales. Por su parte, el Gobierno de Sánchez, cuya gestión de la crisis está dejando mucho que desear, ha ninguneado en muchos casos al poder territorial, cuyos presidentes se han tenido que enterar por los medios de algunas graves decisiones que les afectaban de lleno. El presidente Sánchez ha pasado de reivindicar la "España plurinacional" a practicar un acentuado centralismo.

En gran medida esto se debe a que España aún no ha realizado algo fundamental para un Estado descentralizado: el listado detallado de las competencias que pertenecen a las comunidades autónomas. Hasta la fecha, éstas se han utilizado como moneda de cambio en las negociaciones entre el Gobierno central y las comunidades, algo que ha sido un completo error. La renovación del modelo territorial debe empezar por ahí. Ya es hora de que se cierre el proceso y que tanto Madrid como las comunidades sepan dónde empiezan y dónde terminan sus competencias.