Salvar Abengoa, una obligación

La Junta de Andalucía ha de encontrar un mecanismo para evitar la quiebra de la empresa, que debe esforzarse en dar garantías que no hagan opaco el rescate

La decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía de desistir en su participación en la operación de rescate financiero de Abengoa pone en riesgo, según advierte la compañía multinacional andaluza fundada en 1941, su refinanciación, lo que conduciría al grupo a la quiebra. El Ejecutivo autonómico siempre ha expresado su interés en ayudar a una empresa tan relevante como ésta -que sostiene aún cerca de 15.000 empleos, de los que 2.500 están en España y la mayoría de ellos en Sevilla- a seguir adelante. Pero también es cierto que, desde un principio, los responsables de la Administración autonómica siempre advirtieron de que para participar eran necesarias garantías jurídicas tanto para recuperar los 20 millones de euros que se le solicitan para aumentar la liquidez de la empresa como para que el procedimiento empleado para asegurar esa financiación tenga tanto el visto bueno de los servicios jurídicos de la Junta como el consenso político con el resto de grupos con representación parlamentaria en Andalucía. El argumento que esgrime el Gobierno de PP y Cs es que no cuenta con mecanismos suficientes para articular una aportación de esa cuantía. Resulta difícil de admitir que no exista un instrumento dentro del vasto campo del Derecho Administrativo y Mercantil que lo permita. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que salvar Abengoa, por lo que representa para el tejido productivo andaluz, es una obligación que concierne también al ejercicio del autogobierno. La empresa, por su parte, debe esforzarse en aclarar aspectos aún opacos de la operación, como qué garantías obtendría el Gobierno andaluz en el caso de que preste o avale esa aportación. O qué repercusiones sociales tendrá que la matriz histórica vea diluida su participación en la filial operativa. El hecho de que el rescate haya sido impugnado por un numeroso grupo de accionistas ante la Justicia Mercantil añade mayor complejidad a la resolución. La empresa ha logrado la adhesión del resto de entidades comprometidas en la operación financiera de rescate y su consentimiento para ampliar en 15 días el plazo para que la Junta de Andalucía finalmente participe. Reclamamos voluntad real de ambas partes para que Abengoa evite la quiebra.

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