Más allá del contenido concreto de la reforma de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual que el Grupo Socialista registró ayer en el Congreso para su tramitación por vía de urgencia, el mero hecho de su presentación y la escenificación de la misma supone, de hecho, la ruptura del Gobierno de coalición. La llamada ley del sólo sí es sí ha llevado el enfrentamiento interno en el Ejecutivo de Pedro Sánchez a un punto de no retorno. Si hasta ahora, y casi desde el comienzo de la legislatura, se habían producido sonadas diferencias de criterios y agendas separadas, por lo menos se había podido mantener la apariencia de una unidad de acción y de una mínima coordinación legislativa. Ya no es así. Para poder cambiar la norma y terminar con el disparate jurídico que ha provocado más de 400 rebajas de penas a agresores sexuales, Sánchez va a tener que negociar con cualquiera de las fuerzas políticas representadas en la Cámara, excepto con la que se sienta con él todas las semanas en el Consejo de Ministros. En la reforma legal el Gobierno tiene más vías de diálogo abiertas con el PP de Alberto Núñez Feijóo que con Podemos. ¿Tiene algún sentido la continuidad de la coalición en estas condiciones? La lógica y la coherencia políticas dicen que ninguno. Pero todo apunta a que el Gobierno y su presidente intentarán apurar la coalición hasta el final de la legislatura, anteponiendo la permanencia en el poder a cualquier otra consideración. Si esto es así y se mantienen en su puesto ministras como Irene Montero, que ha demostrado tanta torpeza como cerrazón, el Gobierno está condenado a tener una trayectoria más errática que la que ya ha demostrado y a comportarse como un zombi en los últimos meses de la legislatura. La situación del país requiere todo lo contrario: una gobernación firme para afrontar una complicada situación económica y social. En La Moncloa parece que eso es lo que menos importa.