Referéndum de opereta

Los políticos y los altos funcionarios de la Generalitat huyen de cualquier implicación en el dislate de la consulta ilegal

Conforme se acerca la fecha del 1 de octubre se revelan con más nitidez los perfiles grotescos que acompañan la convocatoria del referéndum ilegal con el que el separatismo catalán quiere echar un pulso al Estado y desafiar la Constitución. A la dificultad para encontrar alguien que les quiera vender las urnas para colocar no se sabe dónde el día de la pretendida consulta, se suman ahora las peleas para situarse fuera del foco principal y eludir así las posibles responsabilidades administrativas o penales que pudieran depurar, en su momento, los jueces. Episodios tan chuscos como la negativa del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, a convertirse en el responsable de la coordinación de todos los trabajos que deberían llevar a la celebración del referéndum y su exigencia de que sea todo el Gobierno, de forma colegiada, el que asuma esa responsabilidad dan idea del nivel de república de opereta que están alcanzando las cosas en Cataluña. Los políticos y los altos funcionarios huyen de cualquier tipo de implicación en este dislate. En el caso de los funcionarios es perfectamente comprensible: se juegan su carrera profesional y nadie puede obligarlos a cometer, en el desarrollo de su trabajo, actos contrarios a la ley por los que se les pueda exigir responsabilidades a las que tendrían que hacer frente incluso con su propio patrimonio. En el caso de los dirigentes de la Generalitat, a este miedo se une también, y alguno no lo ha ocultado, el temor a que una pena de inhabilitación trunque su trayectoria política. En el caso de Junqueras, la cuestión está meridianamente clara: la farsa del referéndum tiene bastantes probabilidades de terminar convirtiéndose en unas elecciones anticipadas en las que tendría todas las papeletas para ser el nuevo presidente de Cataluña. No está dispuesto a jugarse esa oportunidad por una convocatoria de consulta que tiene todas las posibilidades de ser un fracaso aun en el caso improbable de que se haga el paripé de una votación. Así están hoy las cosas en torno a este tema que consume ingentes cantidades de energía política que harían bien en dedicar a solucionar los no pocos problemas de los catalanes. Los funcionarios a la fuga, los políticos protegiendo también su patrimonio e intentando hacerse trampas los unos a los otros. Y mientras tanto, el Gobierno de Rajoy llevando a los límites su convencimiento de que al final el tiempo solucionará por sí solo las cosas. Pero, aunque el referéndum ilegal termine finalmente siendo la bufonada que se prevé, el pulso al Estado está echado y el Estado no puede permitir pulsos.

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