La socialista María Chivite alcanzó ayer la Presidencia de Navarra gracias al respaldo de unas fuerzas muy heterogéneas, como las que representan su propia formación, los nacionalistas de Geroa Bai y los partidos de izquierda Podemos e Izquierda-Eskerra. Pero el problema es que también necesitó de la abstención de cinco diputados de EH Bildu, la organización abertzale, heredera de la que durante décadas le dio soporte político a los terroristas de ETA. Con esta decisión, el PSOE traspasa una línea roja. Nunca debió alcanzar el poder con el apoyo directo o indirecto de un grupo que, a estas alturas, rechaza condenar el millar de asesinatos que causó la disuelta banda de asesinos, algunas de las víctimas en las propias filas socialistas.

No valen las excusas de que Chivite no ha negociado con Bildu ni que tampoco formarán parte de su Gobierno. Los intentos de la nueva presidenta por templar el ambiente al asegurar que gobernará en la centralidad suponen un brindis al sol. Arnaldo Otegi ya se ha encargado de proclamar que los votos en blanco tendrán un precio y es fácil presumir que el concurso de sus diputados será necesario durante toda la legislatura. Otegi presume de que maneja la llave del futuro Ejecutivo navarro y para el PSOE, a medio y largo plazo, le supondrá una hipoteca inasumible incluso ante su militancia.

Pedro Sánchez no puede eludir su responsabilidad en el camino escogido por su formación en esta comunidad foral. El presidente del Gobierno es, a su vez, el secretario general socialista y en los últimos meses ha dado muestras claramente de que sabe imponer su autoridad interna cuando lo precisa. Así pues, hay que dar por hecho que toda la operación cuenta con su beneplácito. Es difícil cuestionar que PP y Ciudadanos no contrapongan este comportamiento a su insistente petición de que se abstengan para facilitarle la investidura. Además, el PSOE también pierde los argumentos en los reproches que hasta ahora ha venido formulando a los grupos de derecha por apoyarse en una fuerza ultranacionalista como Vox para gobernar en varias comunidades españolas.

El caso más patente es el de Andalucía. Será difícil que Susana Díaz y su equipo puedan exhibir alguna autoridad moral para demandar al bipartido de la Junta que no se apoye en la formación de Santiago Abascal, por ejemplo, para sacar adelante los próximos Presupuestos.