La Junta marca distancias con el Gobierno

La crisis de la inmigración ha permitido visualizar el primer desencuentro público entre la Junta y el Gobierno, ambos dirigidos por socialistas, desde que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa hace poco más de dos meses. Las distantes relaciones entre el líder del PSOE y Susana Díaz, mandataria del mismo partido en Andalucía son bien conocidas. Su falta de complicidad se ha escrutado durante todo este tiempo, pero el amarre en Algeciras del barco Open Arms, con 87 migrantes a bordo, entre ellos 12 menores, ha supuesto el punto de inflexión en esta convivencia para evidenciar un desacuerdo que desde la otra parte quiere minimizarse. La comunidad rechaza asumir como propio un problema al que Madrid da largas, como mínimo, hasta septiembre. La espoleta ha sido la decisión unilateral del Gobierno de dirigir al buque hacia el puerto andaluz cuando en su ruta natural disponía de otros en Cataluña y Valencia, mucho más próximos.

Hasta ahora, el Ejecutivo autónomo había evitado marcar las distancias con Pedro Sánchez. Aunque motivos no le faltaban. Su petición de 4.000 millones para mejorar la financiación andaluza, defendida por la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, quedó inmediatamente aparcada sine die tras la llegada de ésta al Ministerio del mismo ramo. Díaz tras su encuentro con el presidente español, el pasado 23 de julio, trató de contemporizar la discrepancia con el anuncio de que la comunidad dispondría de 500 millones más para el próximo año. Pero la mayor parte de ese dinero está ligado a la relajación del déficit para 2019 y el Congreso rechazó el primer intento de aprobar la senda del gasto que contemplaba esa posibilidad, así que queda en el aire.

Ha sido el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, portavoz autorizado por la presidenta andaluza, el elegido para alzar la voz. Y no hay reproche posible a su argumento. Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Migraciones, la ministra de Trabajo se limitó a excusarse porque no disponía de más fondos ante la oleada de pateras de los últimos meses y que sitúa a Andalucía como objetivo preferencial de esta ruta del Mediterráneo. Tampoco logró que el resto de autonomías aceptaran compartir la responsabilidad de la tutela de los menores inmigrantes no acompañados. No hay que alarmarse, por tanto, de la reacción de la Junta, obligada a defender los intereses de los andaluces aunque perjudique los de Sánchez. Cada institución debe jugar su papel aunque la gobierne un mismo partido. El presidente, desde Doñana, dispone de la oportunidad de encauzar esta justa demanda para que sólo quede en un aviso.

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