Las negociaciones entre PP y Ciudadanos para formar un Gobierno de cambio en Andalucía avanzan pese al ruido mediático generado por las reivindicaciones de Vox. Como ya se había anunciado, uno de los puntos fundamentales será la reducción de la Administración andaluza. El primer paso será la eliminación de consejerías, actualmente 13, pero este recorte no será sustantivo, ya que se habla de quitar sólo entre una y tres. Al fin y al cabo, el poder tiene que ser repartido entre dos partidos y esto impide excesivos recortes. Sin embargo, tanto PP como Cs sí van a reducir drásticamente el nivel provincial de la Administración autonómica, que ha crecido excesivamente. En la actualidad, en cada una de las ocho provincias andaluzas hay, además de un delegado del Gobierno andaluz, siete representantes que aglutinan las competencias de las 13 consejerías, lo que es a todas luces una estructura excesivamente inflada.

El más que posible Gobierno PP-Cs hará bien en poner a dieta a una Junta de Andalucía que ha crecido de una forma desaforada, muchas veces no por el interés de los ciudadanos o la mejor gestión de sus asuntos, sino para crear puestos y sueldos con los que premiar a los diferentes cuadros medios del Partido Socialista. Aunque en los últimos tiempos el Gobierno andaluz hizo algunos gestos para reducir esta estructura elefantasiaca, éstos se quedaron en tímidos intentos. Uno de los grandes fracasos del PSOE de Susana Díaz es no haber sabido redimensionar una Junta de Andalucía que a todos luces era excesivamente grande.

La reducción de las consejerías y delegaciones provinciales debe ser sólo el primer paso. Como ya se publicó en este periódico, son numerosas las fundaciones y empresas públicas que apenas tienen justificación y que suponen una sangría para las arcas públicas, que son nutridas (nunca se olvide) con el dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos. El nuevo Ejecutivo debería ponerse mano a la obra cuanto antes para reducir la Administración autonómica de manera ponderada, eliminando las adiposidades absurdas, pero sin que esto suponga una merma de nuestra capacidad de autogobierno. De hecho, la reducción de los organismos y cargos superfluos y la mejora del autogobierno deben ser dos caras de la misma moneda.

Andalucía no puede ni debe seguir manteniendo una estructura administrativa que es una rémora y fomenta el clientelismo más burdo.