El informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) publicado el miércoles en el que se señala la presencia de radio-226 en las balsas de fosfoyesos de Huelva ha vuelto a poner sobre la mesa una de las principales preocupaciones y motivos de incertidumbre de los onubenses. El organismo especializado ha llamado la atención ante la presencia de sustancias nocivas en las 1.200 hectáreas que ocupan los restos vertidos por Fertiberia, si bien al mismo tiempo ha querido tranquilizar señalando que "no existe un riesgo efectivo significativo sobre la población". Es de agradecer que el CSN aclare este extremo, pues el mero hecho de hablar de radiactividad provoca entre los ciudadanos temor y desconfianza. Es por ello que en primer lugar hemos de demandar a los representante políticos y colectivos ecologistas responsabilidad y rigor en sus afirmaciones. Transmitir miedo y ansiedad a la ciudadanía no contribuye absolutamente a nada. No obstante, debemos elevar la voz para demandar a esos mismos representantes públicos una mayor presteza e implicación en la búsqueda de soluciones ante un problema que se eterniza junto a la ciudad. Aunque no haya riesgos para los onubenses cabe demandar mayor velocidad y decisión a todas las administraciones. Al Ministerio de Transición Ecológica para que dé los pasos para declarar los terrenos como suelo contaminado. A la Junta de Andalucía para que vaya más allá de su política de declaraciones y actúe con mayor diligencia en sus exigencias de restauración. Y, por último, al Ayuntamiento, que tiene en sus manos un comité de expertos que avanza a ritmo de tortuga en el desarrollo de su estudio sobre las alternativas para recuperar la zona una vez descartado el plan de Fertiberia. Es hora de más hechos y menos palabras. De que las administraciones arrimen el hombro y doten de presupuesto a los técnicos para que podamos conocer sus opiniones antes de la próxima década. E, incluso, de que la propia industria se implique más y muestre que su declarada defensa del medio ambiente puede ir más allá.