En los últimos meses se suceden los episodios en los que narcotraficanes o su entorno social en el Campo de Gibraltar desafían e incluso atacan a las Fuerzas de Seguridad del Estado destacadas en esa comarca andaluza. El asalto a las Urgencias del hospital de La Línea para liberar a una persona detenida o a depósitos judiciales para intentar recuperar bienes incautados en operaciones contra el narcotráfico, la frustrada tentativa de incendiar una embarcación ligera de la Agencia Tributaria dedicada al Servicio de Vigilancia Aduanera en el puerto de Algeciras, además de agresiones a agentes y vehículos policiales en distintas localidades campogibraltareñas son ejemplos recientes de la escalada narco. A todos ellos se unió un episodio tan grave o más que los anteriores: en la tarde del sábado, casi medio centenar de personas se abalanzaron sobre nueve miembros de la Guardia Civil, a los que agredieron, en la Barriada de El Rinconcillo de Algeciras, tras negarse a dejar pasar a los agentes, que estaban fuera de servicio y de paisano. Los dos sargentos y siete guardias sólo pudieron salir de allí a tiros: disparando al aire sus armas reglamentarias. Aunque no se han establecido vínculos entre los atacantes y las redes locales de tráfico de drogas, lo cierto es que el episodio es un palmario ejemplo de la escalada de violencia y de desafío a las Fuerzas de Seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar. La proliferación de este tipo de incidentes, que ya ha provocado el envío de refuerzos policiales a la zona -de hecho, los agredidos el sábado son miembros de los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Benemérita-, demuestra que el Gobierno debe hacer de inmediato más esfuerzos por dotar con fuerzas suficientes al Campo de Gibraltar, porque ante todo se impone mantener la seguridad y el imperio de la ley. Pero no sólo por esa vía hay que actuar. La fuerte economía sumergida que genera actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico exigen medidas económicas y sociales que den alternativas y reviertan un modelo social en el que es más fácil y rentable unirse a las redes de delincuencia que obtener un empleo y vivir dignamente sin infringir la legalidad. Por ello, se necesitan inversiones estratégicas para que la economía campobiraltareña sea más pujante y dé salidas a toda la población. Esto requiere de acción de las administraciones en dos ámbitos: en infraestructuras y dotaciones, y en las políticas sociales. El Gobierno del Estado y la Junta de Andalucía son competentes en esos ámbitos y han de coordinarse para desarrollar la zona más meridional de la España peninsular, un lugar geoestratégico que necesita desde hace decenios mayor atención que la que reflejan los presupuestos públicos.