La diferencia de salarios en España entre hombres y mujeres, lejos de disminuir, se acentúa. El último informe del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), elaborado con los datos de la Agencia Tributaria de 2016, cifra en un 30% la brecha actual. Con más de tres millones de féminas que no perciben el salario mínimo interprofesional y con un desajuste en los ingresos que se amplía a media que avanza la edad de las trabajadoras, en lo que el sindicato atribuye, en buena medida, a una denominada factura por la maternidad. Afortunadamente, Andalucía figura entre las regiones españolas en las que sí se han logrado avances para corregir el desnivel. El desequilibrio también afecta a las pensiones. La media que reciben es de 706 euros frente a los 1.127 de la de los hombres, según UGT. El panorama se completa en otras facetas, como las de la vida doméstica, con la diferencia del tiempo dedicado a tareas del hogar o al cuidado de los hijos. El problema no es sólo nacional, pero España prácticamente duplica el desnivel salarial que se registra en la UE entre ambos géneros, según las últimas estadísticas de Eurostat, correspondientes a 2011. La Comisión, después de reiterados intentos de paliar este déficit con una directiva y con la difusión de una Carta de la Mujer, publicó en 2014 una veintena de recomendaciones a los países miembros para solicitarles que las implantaran. Las principales medidas giraban en torno a la transparencia. Así se defendía el derecho de cada empleado a solicitar información sobre los ingresos de sus compañeros en las empresas, al entender que unas estructuras retributivas "opacas" y la falta de información facilitan esa discriminación al desempeñar un trabajo de igual valor. También se abogaba por la obligatoriedad de realizar periódicamente auditorias de los sueldos en las compañías con más de 250 trabajadores para detectar los desajustes de este tipo. Recomendaciones que, en el caso de España, nunca han llegado a materializarse por parte del Gobierno. El pasado mes de octubre, el Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley que incidía en buena parte de esas sugerencias determinadas por la Comisión Europea y que no se han aplicado. A su vez, los sindicatos entienden que la reforma laboral les ha restado fuerza para implantar iniciativas correctoras durante las negociaciones de los convenios colectivos. Las variantes del asunto resultan complejas, pero ha de afrontarse con todas sus consecuencias. Hay que revertir una injusticia que se ha tolerado. No hay discusión en el punto de partida: transparencia para combatir la desigualdad.

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