El movimiento independentista catalán ha vuelto a echarle un pulso al Estado español con movilizaciones masivas en la calle, muchas de las cuales están salpicadas de episodios de extrema violencia -como se puede observar en las imágenes que se están difundiendo por todo el mundo- que obligan a los cuerpos policiales a actuar con la debida firmeza. Pese a que la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés no ha sido ni mucho menos dura, los independentistas (incluidos los más moderados) están haciendo esfuerzos ingentes para hacer creer a sus bases que se trata de "una venganza" de los jueces. Nada más falso y absurdo, pero hace ya mucho tiempo que, en Cataluña, cualquier argumento delirante a favor de la independencia prende con fuerza en un importante sector de la población. Intentar hoy argumentar con datos y razonamientos basados en la realidad se ha convertido en tarea imposible.

Aunque nadie esperaba la lealtad y la mesura del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo cierto es que el político independentista ha superado con creces su cinismo, poniéndose al frente de las manifestaciones (ayer dio buen ejemplo) mientras su consejero del Interior manda a la Policía autonómica a reprimirlas. El papel del president en estos días debería ser el de bombero, pero está actuando como pirómano. Él mejor que nadie debería saber que no conseguirá nada con estas movilizaciones, por muy masivas y violentas que sean. En primer lugar porque, como decíamos, sólo representan a un sector de la sociedad catalana; en segundo, porque el Estado español no puede ni debe ceder ante la presión de la calle. Cada vez está más claro que Torra está completamente inhabilitado para formar parte de una solución en Cataluña. Más bien forma parte del problema.

Ante la situación generada en Cataluña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó ayer a los líderes de algunos partidos nacionales (PP, Cs y Podemos) con la intención de tantear un pacto de Estado para enderezar la situación en la comunidad catalana. Tanto Pablo Casado (PP) como Albert Rivera (Ciudadanos) pusieron sobre la mesa la aplicación el artículo 155 de la Constitución, lo que nos vuelve a poner en el escenario de una intervención de la autonomía catalana. El Gobierno tiene informaciones veraces de que en Cataluña están actuando grupos violentos coordinados y de que la Generalitat no hace nada para evitarlo. Si la situación no se reconduce en las próximas horas, habrá que actuar con mayor rigor.

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