Resulta significativa la vehemencia con la que Pedro Sánchez he recuperado en el comienzo de la campaña su lema No es no, esta vez en referencia a la posibilidad de la independencia de Cataluña, incluso de la celebración de un referéndum al respecto, bajo un Gobierno socialista. El presidente parece haber entendido bien que la sociedad española acusa un hartazgo notable por la continuidad de un nacionalismo excluyente dedicado las veinticuatro horas del día a denigrarla y a poner en permanente duda su calidad democrática, lo que explica, seguramente antes que cualquier otra razón, el ascenso de Vox en las encuestas; y sabe que, de cara a las elecciones, no parte precisamente ante al electorado como el hombre de confianza capaz de poner las cosas en su sitio. Si alguna vez pretendió Sánchez dar a entender que aceptó el apoyo de los nacionalistas para ganar la moción de censura a su pesar, llegó demasiado tarde. De ahí que su determinación de ahora suene, sin remedio, a voluntad hueca, a declaración de intenciones más bien inconsistente. Tiene razón cuando defiende la necesidad de dialogar siempre, con todos, sobre todo con quienes atesoran tan importantes niveles de representatividad pública. Pero precisamente conviene ser más claros. De acuerdo, no habrá independencia. Pero entonces, ¿qué?

Porque, como recordaba recientemente Fernando Savater, el problema no es que haya gente que quiera la independencia de Cataluña, mucha o poca. El problema es en qué medida se va a pedir a la sociedad española que renuncie a su soberanía para ver si así se arregla lo de los nacionalistas. El problema son las contrapartidas, y no es un problema nuevo: desde la Transición se ha venido aceptando sin más que determinadas comunidades históricas, como si alguna no lo fuese, tenían derecho a cupos, cuotas, conciertos y demás desequilibrios financieros con tal de que no armaran ruido ni amenazaran con sacar a un millón de personas a la calle, lo mismo con el PSOE que con el PP. Hace bien Sánchez en cerrar la puerta a la independencia, pero debería garantizar a la par que ningún catalán va a ser considerado extranjero a tenor de su posición política o ideológica. Porque esto, que es el principio esencial del totalitarismo, se ha institucionalizado en Cataluña sin que el PSOE mueva un dedo. Ahí están los "españoles nacidos en Cataluña" para corroborarlo.

A estas alturas, las promesas de apego a la Constitución no bastan para hacer frente a quienes amenazan con cortar por lo sano a uno y otro lado del desatino. Hace falta más política. Aunque haya que tomar decisiones.