Este año la Jornada Mundial del Trabajo Decente, que celebramos el 7 de octubre, se desarrolla bajo el lema "Stop a la avaricia empresarial. Precariedad y bajos salarios es igual a más desigualdad y más pobreza". El movimiento sindical internacional denuncia, en esta convocatoria, la permisividad de los gobiernos ante los abusos empresariales que buscan conseguir beneficios rápidos, a costa de los derechos laborales y sociales. De esta forma se están configurando mercados de trabajo cada vez más desregulados, donde campan la precariedad y los bajos salarios, y, como consecuencia, se están disparando los niveles de desigualdad y pobreza.

En nuestro país, el desempleo atenaza a más de 3 millones de personas, más de un 25% de los asalariados son temporales, cada vez son más los trabajadores que tienen un contrato a tiempo parcial (1,8 millones de ocupados), los salarios han bajado más de 7 puntos desde 2011 y continúa el alarmante incremento de los parados de larga duración (3,2 millones de personas buscan trabajo desde hace más de un año y 2,3 millones desde hace más de dos años), la mitad de los cuales no cobra ya ninguna prestación. Estos datos son un reflejo de que España es uno de los países de la UE donde más han crecido las desigualdades en estos años de crisis. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado insisten en las mismas políticas, pese a que la generación de empleo de calidad y la reducción de las situaciones de pobreza deberían ser las prioridades indiscutibles de la misma. Crecer a cualquier precio no es la receta para consolidar un crecimiento sostenible.

Es necesario un cambio de rumbo hacia una recuperación sostenible que fomente una redistribución justa de la riqueza. Solo así será posible consolidar una salida duradera de la crisis, que repercuta en una paulatina mejora de bienestar de todas las personas y en especial de aquellas que peor lo están pasando, porque el trabajo decente es la expresión de la dignidad esencial de los hombres y de las mujeres, evita la discriminación, respetando a todos y todas, permite satisfacer las necesidades de las familias y asegura su protección social, defiende que trabajadores y trabajadoras se organicen libremente para hacer oír su voz, permite el desarrollo personal y la integración social. El trabajo decente coloca a la persona en el centro de la actividad económica, rompiendo la actual lógica de pensar y organizar el trabajo desde los intereses de unos pocos.