Pagar impuestos es más barato que no hacerlo. Aquí nadie pregunta cuánto cuesta un tratamiento oncológico, un trasplante de corazón, o estudiar una carrera universitaria; hay lugares, como Estados Unidos, donde cualquier imprevisto sanitario te puede arruinar, y estudiar una carrera supone hipotecarse por muchos años. Esto puede parecer obvio, pero lo que no lo es tanto es entender cómo funciona el sistema de recaudación de los impuestos.

Acaba de empezar la campaña de la Renta y lo primero que llama la atención es lo complicado que resulta entender la mayor parte de conceptos por los que tributamos o desgravamos. La mayoría de la población no puede beneficiarse de todas las posibilidades a su alcance simplemente por desconocimiento. Lo siguiente que provoca desazón es la inversión de la prueba de la carga; esto es, para Hacienda cualquier persona es responsable punitivo de lo que presenta, da igual que se haya producido por error u omisión, incluso si optas por hacer la declaración en la propia Agencia Tributaria. Si recibes una inspección, será el contribuyente el que tenga que demostrar su honestidad, Hacienda no tendrá que buscar pruebas. Esto sólo pasa en el ámbito tributario, la máxima general en el Derecho es que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En una sociedad con madurez democrática, cualquier ciudadano podría ejercer el derecho real a defenderse si cree que ha sufrido una injusticia, esto de facto no pasa con la Agencia Tributaria. En el momento en que cuesta más pleitear que pagar la multa, ya se ha vulnerado el principio de la tutela judicial efectiva.

Para que de verdad existiera justicia y equidad en el pago de impuestos, muchas cosas tendrían que cambiar. Como adelantarse a la ingeniería financiera de quien sabe y puede evadir su compromiso de aportar a la sociedad en la que desarrolla su actividad, endurecer los vínculos con paraísos fiscales, no consentir amnistías, poner más recursos en la lucha contra el lavado de dinero ilícito, controlar mejor las SICAV y sociedades pantalla, penalizar la especulación o perseguir la estafa. Todo esto queda muy lejos de la persona corriente que tributa por su nómina y cuyo patrimonio apenas alcanza lo esencial. Con ese se es duro y rígido, con "los otros" se es flexible y laxo. Todo esto decepciona y aleja al ciudadano de la percepción de que contribuir al bien común es lo más inteligente.