La gravedad de la pandemia no ha sido obstáculo para que el Gobierno saque adelante la octava ley educativa desde la transición (Lomloe), ni para que la derecha respondiese a ello con el numerito de golpear el escaño al grito de "libertad" con mucha pasión y escasa actitud democrática. No era tan necesaria una nueva ley, no solamente por "la que está cayendo", sino porque existen sobradas razones para afirmar que es necesario un pacto de Estado, una negociación seria sobre la educación, sin prisas ni gritos ni histerias, y no este vergonzoso desfile de leyes.

La historia se repite, es el turno de la Lomloe que viene, como todas las anteriores, con el rechazo de la oposición, esta vez con una novedad: la derecha se ha encargado de preparar el escenario para que parezca que esto es un "mano a mano" entre la educación pública y la concertada, un duelo entre ambas. No es casual, sino fruto de un elaborado montaje, la difusión (por redes sociales y los más serios medios de comunicación) de que esta ley lo que persigue es acabar con la escuela concertada. Hay que reconocer que la campaña ha funcionado originando un pánico injustificado en ésta, con un intenso repertorio de amenazas y coacciones que ha provocado un pánico injustificado e innecesario en las familias. Es cierto que la educación pública es de todos y para todos y no así la concertada, pero siendo esta tan necesaria, ¿cómo va desaparecer? Lo que la nueva ley prohíbe es que se cobre en ella, porque ya le paga bastante el gobierno.

En este proceso hay muchas mentiras disfrazadas de verdades, porque no desaparece la educación especial sino que los centros tienen diez años para hacerse con los recursos necesarios para atender las necesidades de los niños. Tampoco se esfuma el castellano, será lengua co-oficial con otras lenguas, como manda la Constitución. Es incierto que las familias no puedan elegir centro, lo harán con los criterios de siempre aunque con más oferta de plazas públicas. No se repite curso si así lo deciden todos los docentes del centro como co-rresponsables de la formación del alumnado. Por cierto, se intensificará la formación de estos.

Los provocadores profesionales del debate no debaten, porque para eso hay que escuchar. Se van directamente al Constitucional a intentar derogar lo que sea y por el camino y contentos con su lacito naranja, piden firmas contra una ley que ni siquiera habrán leído.

¿No merecen escribir cien veces: un bulo, según la RAE, es una noticia falsa propagada con algún fin?