Hace apenas unos días conocimos la primera sentencia en España a un tuitero por difundir noticias falsas. Se trata de un agente para más inri que compartió una suepuesta agresión de un grupo de menas que nunca existió. El objetivo no era más empozoñar y alimentar el odio social hacia un colectivo vulnerable. La justicia fue lenta en su actuación, pero justa en su conclusión. Malmeter e intoxicar no quedará impune en esta ocasión.

El vídeo en Twitter fue visualizado 21.900 veces, 20.000 potenciales ciudadanos manipulados en una espiral de comunicación de alcance mucho mayor. En él se veía cómo un hombre agredía brutalmente a una mujer, dándole 15 puñetazos y siete patadas en la cabeza y dejándola inconsciente. El acusado, según la Fiscalía y su confesión, aseguró de forma consciente que publicó de forma falsa que se trataba de un menor marroquí en Cataluña. En realidad era China y publicado por sus autoridades para localizar al agresor.

El procedente es alentador. El sumidero de las redes sociales es un espacio adulterado, con unas posibilidades tremendas que el mal uso muchas veces interesado convierte en un coto sin vallar. Decir la primera barbaridad que se nos ocurra de forma cobarde y anónima no puede salir gratis. Si somos incapaces de filtrar una mínima regulación estaremos ante un escenario peligroso como refleja esa sentencia. Y no, no hablo de coartar, sino de proteger. Cualquiera hoy tarda cinco minutos en crear un perfil falso, publicar lo que le venga en gana y arruinar la vida de otro o el negocio del vecino si logra viralizar su tuit. Nadie se para a verificar si es cierta o no la información.

Hace unos días las acciones de la poderosa empresa de defensa Lockheed Martin cayeron en picado tras publicar una cuenta verificada (aprovechando la ocurrencia de Musk a abrir la flechita azul al pago) que suspendía la venta de armas a ciertos países. La farmaceútica Eli Lilly se desplomó en la bolsa cuando una cuenta fake anunció la gratuidad de la insulina en Estados Unidos. La compañía que ocupa un papel casi monopolista en el mercado se desplomó porque sus inversores pensaban que se les hundía el negocio. Alguien ganó en ambos casos. No tengo dudas.

El calumnia que algo queda sobredimensionado. Hay hasta profesionales de la materia, perfiles de empresas y 'ejércitos' a sueldos de políticos preparados para lanzar, secundar, alimentar y sostener las campañas. La información es un derecho en la misma medida que debe ser un delito la desinformación por el riesgo social que conlleva. Si encima hablamos de información de calidad ya nos plantamos ante un bien preciado que merece ser protegido.