LA situación judicial en la que se encontraba el presunto asesino de Mari Luz, con sentencia firme por abuso sexual a su propia hija y aún así en libertad, evidencia las lagunas del sistema y los riesgos que de estas deficiencias se derivan.

De la misma forma que ayer se ponía de relieve la brillante acción policial que ha terminado con la detención del máximo sospechoso, la sensación de seguridad que de ella se deriva se enfrenta al temor siempre latente de que esas ranuras del sistema mantengan en la calle a criminales que en una situación de fuera de control suelen dar la cara cuando reinciden.

Santiago del Valle tendría que estar en prisión cuando presuntamente acabó con la vida de la pequeña Mari Luz, y si se hubiera llegado a establecer un control más estrecho sobre él, que llegó incluso a manifestarse públicamente, a los ojos de todos y estando sentenciado, para pedir un piso en Sevilla, posiblemente hoy no estaríamos asistiendo a esta pesadilla que dura ya más de dos meses y que se inició con la desaparición de la pequeña Mari Luz.

A todos corresponde reflexionar sobre este grave error pero ya va siendo hora de que dejemos de lamentarnos de sucesos como el que nos ocupa cuando se produce un crimen y la sociedad entera se echa encima del caso pidiendo justicia y condena.

El mal funcionamiento de los mecanismos que conforman el sistema judicial puede ser a veces el origen de un grado de inseguridad social mayor que la propia acción de los delincuentes. Y no se trata ya de buscar culpables oficiales y públicos sino de exigir que se perfeccionen todos los instrumentos de un estado de derecho.