A finales de los noventa, España recibió una ingente cantidad de ayudas de una ingenua Unión Europea sobre los que aplicaba unos relativos controles en cuanto a su justificación financiera y sobre criterios de adjudicación a los beneficiarios finales.

La picaresca española encontraba de esta forma su caldo de cultivo perfecto para desarrollar su desbordante imaginación y así se justificaron cursos que nunca existieron, y se otorgaron subvenciones a personas y empresas que no lo necesitaban, para usos de los más variopinto.

La Unión europea, harta de que le tomaran el pelo, (no solo españoles, también los italianos) fue progresivamente imponiendo controles burocráticos y solicitando evidencias materiales del buen fin dado a los fondos subvencionados. Mientras a nuestra legislación nacional, no le quedaba más remedio que implantar igualmente medidas para controlar la corrupción institucional que se estaba generando en España.

Todo este proceso nos lleva hoy a una burocracia de control de tal calibre para cualquier subvención, que el solicitarla se convierte a veces en una ratonera en la que, con la promesa de la consecución del queso la empresa puede terminar quedando atrapada en un entramado de justificaciones que pueden finalmente hacerle perder no solo la ayuda sino incurrir en sanciones y recargos.

Así, cuando ya nos estamos acostumbrando a estos nuevos controles y rigurosidad en la justificación de las subvenciones, cosa que me parece perfecto, nos cae de pronto esta pandemia que coloca a muchas pymes al borde del precipicio, los ayuntamientos, autonomías y la unión europea, aprueban mecanismos de salvamento de estas empresas que con un poco de ayuda y si volvemos a la normalidad pueden evitar lo que de otra manera sería su desaparición segura.

Pero he aquí, que toda este bienintencionada ayuda debe justificarse con una burocracia y criterios que, si en situaciones normales ya son difíciles de cumplir en la actual situación se hace un muchos casos imposible, y cosas tan básicas como estar al corriente en el pago de impuestos, se convierte en una trampa mortal para estas pequeñas empresas que han cumplido cuando tenían actividad, pero que ahora ante la ausencia de ingresos, las sitúa fuera de las ansiadas ayudas para salvar su vida empresarial, al no poder justificar algunos de los criterios de inexcusable cumplimiento.

Situaciones excepcionales requiere de medidas excepcionales, por eso las administraciones deberían plantearse una especie de amnistía burocrática excepcional o en caso contrario verán como sus bienintencionadas campañas de ayudas a las pymes, se convierte en frustración y devolución de las mismas por no cumplir los criterios.

Tenemos muchos empresarios cumplidores, que hoy están al borde del precipicio y que solo necesitan una mano que evite que se caigan y tenemos que hacer un esfuerzo por salvarlos. Por supuesto cuando todo se normalice volveríamos a la rigurosidad de los controles y la burocracia, no nos olvidemos que seguimos siendo mediterráneos.