La Junta de Andalucía está plenamente legitimada para decidir sobre los impuestos propios o cedidos por el Estado. Son sus competencias. Un ejercicio de libertad en el ámbito de su autonomía. Nada que objetar, pues, al anuncio de Juanma Moreno en el Foro Joly de suprimir el impuesto sobre el patrimonio, que pagaron 17.000 andaluces en el año 2020. Ahora bien, ¿es una medida justa, correcta y conveniente?

Tengo mis dudas. Por un lado, favorece a una minoría privilegiada de andaluces: quienes disfrutan de un patrimonio superior a los 700.000 euros (y engorda el discurso del Gobierno de la nación sobre un PP que defiende a los ricos). Por otro, el alegado efecto beneficioso de la supresión del impuesto -más pudientes residiendo en Andalucía, más inversiones, más recaudación- no ha sido contrastado por ningún análisis riguroso. Cuando la Junta redujo el gravamen sobre herencias y donaciones sus ingresos globales aumentaron, ciertamente, pero la relación causa-efecto entre fiscalidad más benigna y recaudación más elevada carece de demostración empírica indiscutible.

El otro gran argumento de Juanma es que las rebajas fiscales realizadas en la anterior legislatura no se tradujeron, como denuncia el PSOE, en una merma en los servicios públicos a causa de la caída de ingresos. También hay que matizar: la asistencia sanitaria, la dependencia y el sistema educativo no empeoraron, pero seguimos a la cola de las autonomías con menos gasto sanitario por habitante o menos enfermeros. No se trata de mantener los niveles alcanzados durante la larguísima hegemonía socialista, sino de mejorarlos. Una población envejecida y que vive mucho más tiempo exige recursos siempre crecientes, incompatibles con las rebajas fiscales.

Tampoco tranquiliza mucho el enfoque, el tono y el sentido que Juanma Moreno le ha dado a su anuncio sobre el impuesto patrimonial. Su fijación en concretar en los inversores catalanes la apelación a que se instalen en Andalucía gracias a la rebaja, que debía ser genérica, para toda España; su solemnidad y trompetería en la firma del decreto, como si estuviera suscribiendo el Tratado de Versalles y no una modesta decisión de una modesta región española; su contundencia innecesaria al amenazar con los tribunales si el Gobierno le quita las competencia fiscales (¿cómo podría hacerlo sin cambiar las leyes y contando con el rechazo de sus socios?)... Demasiada sobreactuación.

Ni Galicia ni Castilla y León lo secundan.