La ocupación de viviendas ha pasado en España de ser un fenómeno singular, televisable y pintoresco a un problema social y político de gravedad creciente. Ahora se registran alrededor de cuarenta okupaciones cada día, la mayor parte en Cataluña, seguida de Andalucía y Madrid.

Está afectando a la convivencia. Ya son identificatorias de nuestro tiempo esas imágenes en las que un grupo de vecinos airados hostigan o se enfrentan abiertamente a los okupas que entran y salen de la casa deshabitada que han elegido para vivir, o forman patrullas ciudadanas para impedir que se produzcan ocupaciones en sus barrios, o arropan a la modesta propietaria que ha sido expropiada por el ocupante sin comerlo ni beberlo o aplauden o pitan -según- cuando la Policía irrumpe en el domicilio ocupado y desaloja a los intrusos.

La okupación se ha visto favorecida hasta hace poco por la coincidencia de dos elementos: que se ocupaban sobre todo pisos vacíos que eran propiedad de los bancos y grandes corporaciones (dos sectores de mala reputación social) y que los ocupantes eran personas en situación de necesidad, sin recursos, con cargas familiares y enfermedades, merecedoras de protección y ayuda en un Estado cuya Constitución consagra el derecho a una vivienda digna.

Como casi todo, esta práctica ha venido degenerando. Sigue habiendo ocupaciones digamos justificadas, pero proliferan las que no pueden serlo. Ya no se ataca sólo el derecho de propiedad de los bancos, sino el de cualquiera que haya juntado sus ahorros para comprarse una segunda residencia o haya abandonado su vivienda durante una temporada. Ya no se asaltan sólo pisitos vacíos para tener un techo, sino que se estudia y busca el chalé o el adosado más vulnerable y cómodo. Ya no se argumenta pobreza y estado de necesidad para meterse en casa ajena, sino que se esgrime un presunto pago a un falso dueño por un alquiler no documentado, probablemente inexistente.

El problema es que, salvo que la denuncia del propietario se produzca en las primeras 48 horas de ocupación, la víctima debe aguardar para recuperar su vivienda un mínimo de seis meses (la Justicia va lenta), pagar los gastos de un proceso y demostrar que hubo violencia o intimidación en la okupación. Si no, el okupante será sancionado con una multa de entre tres y seis meses, que no pagará por insolvente.

Si no se aprueba en septiembre alguna de las iniciativas que hay al respecto, habrá más tensiones, más justicia callejera y más "soluciones" de vocación populista. Malo.