Ha tenido que venir un relator de la ONU para darnos un tirón de orejas y alertar de una situación que la provincia vive desde hace años: los más de treinta asentamientos chabolistas de inmigrantes que llegan aquí con la esperanza de recuperar su vida y malviven entre basura y unas condiciones más que infrahumanas.

El relator Philip Alstron, que es un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se ha convertido en el ojo de la extrema pobreza. Dice haberse quedado "pasmado" tras su visita a uno de los asentamientos que hay dentro de los límites de nuestra geografía, de la mano de Cáritas. De hecho, ha comparado la forma de vida de sus habitantes con la de "animales".

Las condiciones que observó son "simplemente inhumanas". Y así lo ha plasmado en un informe con el que confiesa Cáritas Diocesana, cuya directora en Huelva, Pilar Vizcaíno, también ha sido valiente y un día antes no titubeó al decir que los inmigrantes, algunos de ellos con trabajo pero sin nadie que le quiera alquilar su casa, "viven en condiciones de verdadera mierda".

Y es verdad, no se puede permitir que una persona viva rodeada de desperdicios y sin algo tan básico como el agua para poder subsistir y realizar tareas tan esenciales como la cocina, la limpieza o el aseo diarios, que garanticen unas mínimas condiciones favorables para la salud.

No podemos seguir mirando para otro lado. Cáritas se lo dijo bien claro a las administraciones, a las que les pidió abandonar de una vez la "desidia" para empezar a encontrar un punto común de donde empezar a atajar un problema, cuya magnitud ha llegado hasta tal punto que ya sale de nuestras fronteras.

Ayuntamientos, Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno lo conocen bien porque llevan años poniendo su mirada en ello. Quizá se les ha escapado de las manos, aunque nunca es tarde para ponerse a trabajar.

Ninguna persona debería vivir en un asentamiento de infraviviendas. Y hasta lograr ese objetivo, las zonas de chabolas actualmente existentes deberían dotarse de unas condiciones básicas de habitabilidad que garanticen la salubridad (con agua y luz) y la seguridad de las personas que los habitan. La inseguridad y la ausencia de acceso a recursos básicos son una constante que se repite en todos y cada uno de los poblados. Las personas que los habitan sobreviven, día tras día, con el riesgo de sufrir enfermedades (por falta de higiene o encontrarse sin refugio ante las condiciones atmosféricas), con una vida en constante estado de alerta. Viven en un estado permanente de fragilidad y merecen una atención de la Administración como la tienen otros colectivos.