No me gustan los Estados o gobiernos paternalistas que no les dicen a los ciudadanos la verdad de las cosas que suceden, bajo la creencia de que hay que protegerlos de la cruda realidad. Es algo similar al llamado pacto de silencio que se establece entre familiares o profesionales para no informar a un paciente grave de que es muy posible que su vida esté llegando a su final, a pesar de que este pida que se le hable claro sobre qué es lo que le pasa y qué puede ocurrirle, lo que significa vulnerarle el derecho fundamental de saber cómo se encuentra. Esa inadecuada protección puede tener efectos adversos transcendentales. Lo mismo ocurre a nivel político. Cuando los gobernantes actúan con ese sesgo, confiscando el conocimiento de lo que ocurre, torpedean la participación democrática y las libertades. Por tanto, no podemos renunciar a que nos den una información veraz de aquello que acontezca. Pero tampoco me gustan ni me valen las excusas de que el ocultamiento de circunstancias acaecidas o existentes viene motivado para no crear alarma social, porque esa falta de transparencia puede ser un indicador muy fiable de una mala práctica política. La alarma social es evitable si lo que se comunica se hace honestamente y con objetividad. Además, la reacción que se produce si se descubre que las instituciones públicas nos engañan o encubren datos o hechos es la de un aumento considerable de la desconfianza hacia las mismas, sean políticos o supuestos expertos sus portavoces. Aunque no son las únicas, estas cosas han sucedido en España en relación con la pandemia del coronavirus. Por un lado, unas veces nos han tratado como si todos fuéramos menores de edad y, otras, nos han mentido o callado con la excusa de la alarma social, pero ha sido para tapar errores e irresponsabilidades. ¿Qué escuchábamos de Pedro Sánchez y de su experto Fernando Simón? Pues que tranquilos; que teníamos el mejor sistema de salud; que, si acaso, algunos infectados, pero pocos; que posiblemente algún fallecimiento… ¿Les suena? ¿A que sí? Y encima, sin tomar medidas a tiempo -como la provisión de material sanitario-, aun teniendo advertencias de las OMS, y sin siquiera recomendar la evitación de concentraciones, como las de los partidos de fútbol o las marchas del 8-M, todo esto, especialmente lo último, jaleado por Carmen Calvo e Irene Montero, con el apoyo de Pablo Iglesias. Si hasta ahora las consecuencias han sido malas, las que vienen no serán nada leves. ¡En manos de quiénes estamos!