Me pregunto si hay alguien en España -un país, o lo que sea, que algún día ingresará por méritos propios en el Atlas de Lugares Imaginarios- que conozca las trifulcas que rodean la renovación del Consejo General del Poder Judicial (o más bien su no renovación, hablando claro). Si preguntáramos en la calle, al azar, no creo que apareciera nadie que tuviera una idea clara de lo que está sucediendo. Es un tema tan enrevesado que ni siquiera los profesionales tienen las cosas claras. Y sin embargo, lo que está en juego -la elección de los jueces que toman las decisiones más importantes para el ordenamiento jurídico- es un pilar básico del juego democrático. El más importante, diría yo. Sin independencia judicial, sin jueces que actúen con total autonomía del gobierno de turno, no hay democracia que valga.

Ningún dictador de la historia ha tolerado jamás un poder judicial independiente. Todos los jueces tenían que ser funcionarios sometidos a los dictados del poder, y ay del que intentara apartarse de esta norma. Hemos visto fotos de los jueces de la Alemania nazi saludando con el brazo en alto. En la Rusia soviética, según contaba la gran Nadezhda Mandelstam, el último abogado en ejercicio que no era un dócil caniche al servicio del poder soviético desapareció en los campos del Gulag hacia el año 1937. En la España de

Franco, el poder judicial estaba controlado por completo. Y lo primero que hizo Trump -o Chávez en Venezuela- fue intentar dominar por todos los medios la elección de los jueces del Tribunal Supremo. Todos los políticos autoritarios, todos los dictadores, todos los autócratas como Putin, quieren unos jueces dóciles, acobardados y siempre a su servicio. Es ley de vida.

En España, desde 1985, con el gobierno de Felipe González, la autoridad judicial quedó supeditada al poder político. Desde entonces, una parte nada desdeñable de los componentes de los órganos de gobierno de los jueces se elige desde el Parlamento. Y de esta manera, el Gobierno -ya sea de derechas o de izquierdas- puede controlar la composición del Consejo General del Poder Judicial, y con ella, la de los tribunales más importantes. La pelea a cara de perro que vivimos estos días se funda únicamente en el deseo de imponer unos jueces que sean más o menos favorables al gobierno de Pedro Sánchez. Eso es todo. Ni más ni menos.