Incisiva y correcta, la portavoz del PP en el Consistorio capitalino ha expuesto que la situación presupuestaria aprobada por la mayoría socialista para este ejercicio se halla en una situación comprometida, incierta y desafiante, ya que se obstina en ignorar el recurso de la Abogacía del Estado, los requerimientos de la Administración Central y del propio Consejo Consultivo Andaluz y añade que desde su personal criterio la situación conduce a ese espacio entre cielo y infierno. O sea, el limbo.

Uno, que sigue los acontecimientos y que por eso de haber pasado por las arcas caudinas del municipalismo y de enfrentarse al enciclopedismo de Manolo Clavero y de Ramón Carande, cuando estos dignatarios del Derecho Administrativo y la Hacienda Pública sembraban con su ciencia los claustros de la Universidad, diría que la cuestión es todavía más turbia, y que "de no saber donde se halla" hasta donde se encuentra, hay un lugar común y concurrido. Bíblicamente: el averno.

Y es que el Ayuntamiento, con sus cantes chufleros, sale por peteneras, se hace el loco y apoltrona ante la ineludible obligación de atenerse a las obligaciones contraídas y legitimadas por la Corporación anterior, acogida al "plan de ajuste" solicitado y admitido por el Ministerio de Hacienda para atajar los números rojos que impedían su normal desarrollo, equiparándose a otras tantas instituciones acogidas al Real Decreto Ley 8/2013... de "apoyo a Entidades Locales con problemas financieros".

Ahora el Ayuntamiento se atrinchera en sus posiciones y aduce su desacuerdo con el citado plan, como si aquí el plumilla o los contribuyentes del IBI mostráramos nuestro rechazo a tal impuesto porque nos sale de los reaños huelvanos, aunque -y aquí está la cuestión- la Agencia Tributaria nos adelantara el pago a cambio de ir ahorrando unos euros y así poder liquidar lo adeudado, cada anualidad, hasta que nivelemos los ingresos.

La terquedad municipal no tiene antecedentes y cuando menos se muestra prepotente remitiendo la causa al Tribunal Económico Administrativo y manteniendo su estatus contra viento y marea. Se desentiende de lo pactado y pone en peligro la viabilidad del presupuesto.

¿Qué pasará cuando se juzgue tal ilegalidad? ¿Qué argumentario ético se sacarán de la manga? ¿Quién responderá entonces?

Recordad a Cicerón cuando sentencia que: "para ser libres hay que ser esclavos de la ley".