Cada día es más penoso y lamentable la ausencia del Estado en Cataluña. Entre los últimos más indignantes ejemplos, tenemos el vergonzoso comportamiento de los mandatarios autonómicos durante la visita del Rey. Contra el fracaso nacionalista de desgajar Cataluña de España, parece imponerse una idea tan reaccionaria e impropia de un gobierno de izquierdas como es sacar a España de Cataluña. Así parece cuando el Ejecutivo no está dispuesto a hacer cumplir la decisión del Tribunal Supremo que ha blindado el castellano en los colegios catalanes ante el rechazo de la Generalidad a la sentencia del TSJ de Cataluña que obliga a impartir en español al menos la cuarta parte de las clases. Si cualquier ciudadano está obligado a acatar la ley con más razón un organismo del Estado por muy autónomo que sea. Y el gobierno es el primero que ante su incumplimiento debe ser el primero en tomar la decisión y sancionar debidamente. Lo peor de todo eso es que no me consta que la ciudadanía española tenga plena conciencia de todo esto y de la gravedad que supone.

No pueden seguirse con indiferencia las intervenciones matonistas y amenazadoras de Rufián, advirtiendo a los socialistas que sólo se ha superado "la primera fase" en la aprobación de los Presupuestos Generales y la discusión de los problemas, para los catalanes, de la Ley General del Audiovisual. "En la negociación planteamos sus incumplimientos, que requieren dinero, y un asunto de derechos, la presencia del catalán en su ley del audiovisual". Según el chulesco Rufián, "tocarle las narices a ERC", puede costarle caro al ejecutivo. Es la práctica del chantaje que ejercen siempre a costa de un gobierno en minoría, sobre todo si da muestras frecuentes de debilidad. Chantaje que pone limitaciones hasta la prensa con anuencia y apoyo de los medios afines como es el documento publicado por varios grupos de izquierda para "tomar medidas" contra los periodistas que "rompen el clima de cordialidad" del Congreso, suscrito por los socialistas y que, dicen, no busca vetar a los medios sino atender "una queja". ¿Es que los independentistas y sus compañeros de viaje pretenden imponer su modus operandi mediático al resto de España? ¿Dónde queda la libertad de expresión cada día más coartada por estos partidos y medios afines? Así es que los periodistas no pueden hacer "preguntas incómodas" en la sala de prensa del Congreso, según propusieron Esquerra y Bildu apoyados por el partido socialista, porque según ellos "desvirtúan" y "generan un clima de tensión que dificulta el trabajo del resto" de los informadores. El ejecutivo pretende gobernar a la catalana, donde ni se cumplen ni se hacen cumplir las Leyes del Estado, como es el caso del idioma español en Cataluña. Sobre todo cuando es bien sabido que el gobierno dispone de recursos coercitivos perfectamente legales para que esas leyes sean acatadas.