La esquina

Fuera de la ley

LA última bala de Batasuna para ganar una imposible respetabilidad democrática era lograr el amparo de la Justicia internacional: demostrar que su ilegalización era una arbitrariedad de los tribunales españoles que vulneraba los derechos de parte de los ciudadanos vascos.

Se le ha vuelto en contra. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de sentenciar con contundencia, y por unanimidad, que poner fuera de la ley a Batasuna y sus otras marcas respondió a una "necesidad social imperiosa", no porque no hayan condenado ni condenen jamás los atentados de ETA, sino porque son instrumentos al servicio de la estrategia de la banda criminal. Más claro, imposible.

La unanimidad del tribunal que vela por los derechos humanos en Europa se corresponde con la práctica unanimidad que concitó en España la ilegalización, basada en la Ley de Partidos aprobada en el Congreso por el 95% de los diputados, acordada a instancias del Ministerio Fiscal por todos los magistrados correspondientes del Tribunal Supremo y ratificada por todos los jueces del Tribunal Constitucional. El presidente Aznar acertó, pues, al poner en marcha una legislación de defensa del sistema democrático contra los enemigos de la libertad, que la usan para destruirla, y acertó el líder de la oposición socialista, Rodríguez Zapatero, al respaldarla.

Se equivocaron, en cambio, los partidos nacionalistas vascos (PNV, EA y la comparsa de la IU de Madrazo) y no vascos (ERC), además de algunos ardorosos propagandistas de la negociación entre el Estado y ETA, y se equivocan de nuevo al rechazar esta sentencia. Su argumento es conocido: la Ley de Partidos persigue ideas y proyectos políticos y priva a un sector de la sociedad vasca de sus derechos de asociación y expresión. Les deja sin referente y les excluye de la participación en la vida pública, provocando más crispación y violencia.

Este argumentario se ha convertido ya en una monserga falaz. No hacía falta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo dijera, pero es que también lo dice: todos los objetivos políticos son legítimos "siempre que no se defiendan por medio de actividades que atenten contra los principios democráticos o los derechos de los ciudadanos". La Ley de Partidos no reprime ningún proyecto político, sino a quienes defienden el suyo asesinando y coaccionando a sus adversarios y creyendo que asesinar y coaccionar es legítimo. Hay un partido separatista en el País Vasco (Aralar) y otro en Cataluña (ERC), los dos son legales y tienen concejales y parlamentarios porque defienden sus ideas sin matar a nadie y porque alguna gente los vota libremente.

Son terribles estos tiempos en los que es necesario demostrar lo evidente. Esperemos que se hayan acabado ya.

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