Luis XIV, rey de Francia, afirmó contundentemente: L´État, c´est moi (El Estado soy yo"), la monarquía absoluta. Pedro Sánchez, pretende afirmar lo mismo respecto de la Justicia: La Justicia soy yo, con el eco endiosado de su compañero ocasional y socio de gobierno, Pablo Iglesias. Así resulta si logran modificar el sistema de elección de los miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial. La proposición de Ley del PSOE y de Unidas Podemos, no del Gobierno de coalición que protagonizan, contrasta sustancialmente con la modificación que se perpetró en 1985, con el gobierno de Felipe González, que a su vez contrariaba el sistemas de selección que había señalado la Constitución, votada por la inmensa mayoría de los españoles y aprobada en 1978. Desde este año el Consejo General del Poder Judicial estaba integrado por el presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros -vocales- durante cinco años. De ellos doce serían elegidos por jueces y magistrados y los ocho restantes, que no serían jueces, sino abogados y juristas, cuatro elegidos por el Congreso y los otros cuatro por el Senado. El sistema no deparó una total independencia, una auténtica y fundamental separación de poderes que garantiza un genuino Estado de Derecho, una auténtica democracia, como otras carencias del sistema en otros casos cual es el tema del sistema electoral, pero, al menos, dejaba reducida la participación política. Con Felipe González en mayoría absoluta se produjo el primer atropello -recuerden Montesquieu ha muerto- , de manera que, considerando excesiva, se reformó, de manera que se decidió que esos doce jueces fueran también elegidos por las Cortes. La politización del Consejo, la ocupación excesiva y abusiva de los políticos en el poder judicial resultaba escandalosa y nos alejaba aún más de la separación de poderes y de la independencia del máximo órgano judicial y así nos ha ido. Pero lo que ahora pretenden Sánchez e Iglesias -secundando una obsesiva y malévola intención de éste-, es sencillamente inadmisible y atentatoria contra el Estado de Derecho, con la excusa a modo de chantaje del bloqueo de la elección por parte del PP, acusándolo de dejar "de ser un partido Estado" y de convertirse en "partido antisistema", -una barbaridad propia de la vicepresidenta del Gobierno y sus aviesas manipulaciones- tras nombrar a la ministra de Justicia Fiscal General del Estado, lo cual es intolerable, es una reforma exprés acometida por vía parlamentaria, no como Gobierno con proyecto de Ley, evitando así a PSOE y Unidas Podemos, pedir informes consultivos al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y provocar el rechazo del Consejo General del Poder Judicial. De momento han logrado el directo repudio de PP, Ciudadanos y Vox, pero también de tres de las cuatro asociaciones judiciales y la introspección de la Comisión Europea, lo que ha frenado en parte la decisión de los socialistas. Esperemos que sea así.

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