CONFIESA el ministro Francisco Caamaño su "inquietud" por la tardanza de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) en acordar una sentencia sobre la legalidad del Estatuto de Cataluña, inquietud que el titular de Justicia no concreta, pero que remite a dos hechos: a la división interna del Alto Tribunal, cuya politización extrema puede abocarle a recurrir al voto de calidad de su presidenta, María Emilia Casas, y a la débil situación en la que quedaría el nuevo modelo de financiación -aprobado el pasado 14 de julio-, cuyas bases descansan en gran medida en el Estatut, un texto donde se prevé la polémica cesión de una cesta de impuestos estatales a las comunidades con el fin de que éstas eleven su autonomía financiera. Dice también el ministro que dicha sentencia será de una trascendencia profunda puesto que "va a marcar el futuro del Estado de las Autonomías" -lo cual no deja de ser la expresión de una renuncia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en favor del Judicial en la toma de decisiones-, pero obvia Caamaño que la inmensa mayoría de las cláusulas que fueron recurridas ante el TC por el PP fueron un año más tarde trasladadas al Estatuto andaluz sin que fueran objeto de reproche alguno, si exceptuamos el tenue y frustrado amago protagonizado por el gobierno valenciano de Camps. No en vano, algunos cualificados responsables del PSOE de Andalucía narran-y no sin cierta dosis de orgullo- que quien hoy ocupa la Presidencia de la Junta, José Antonio Griñán, fue el encargado de perfilar la redacción final de las citadas disposiciones adicionales del Estatuto catalán. Bajo esos criterios, y según el discurso mantenido hasta ahora por el Gobierno de la Junta y el PSOE-A, Andalucía iba a ser el referente a seguir en materia autonómica, pero lo que nadie ha resuelto o dicho aún es cómo afectaría al Estatuto andaluz una sentencia que ilegalizase los contenidos compartidos con el Estatut. La solución puede y debe estar en un pacto entre PSOE y PP similar al que ambas fuerzas alcanzaron para sacar adelante el texto autonómico y no esperar a que el TC se pronuncie, aunque quizá ése sea un objetivo situado a una altura inalcanzable para muchos responsables políticos.