Después de comprobar que hay visitas inoportunas, como las del pasado fin de semana en el Congreso Regional del PP, con el desembarco de la tripulación genovesa para ¿apoyar a Moreno Bonilla? o ¿a dirimir cuentas con Ayuso?. Ciertamente, creo, que ni lo uno, ni lo otro sino más bien para visitar Sierra Nevada en bicicleta en lugar de departir con la militancia andaluza, ¿verdad, Teodoro?.

Lo cierto es, que desde tiempo inmemorial, se desconocen Andalucía y sus potencialidades, además de lo que en estos momentos el dominio de esta región es fundamental para desalojar a Sánchez de la Moncloa. Sin embargo, parece como si desde la séptima planta de Génova 13, no vieran más allá de la Plaza de Colón, no olvidemos las pretensiones que allí había respecto a Andalucía de no haber conseguido el Gobierno Regional o las tensiones con respecto a la presidencia del partido en Sevilla, frente a los criterios de la Dirección Regional, ¿suena esto a similitud con el tema madrileño?. Entonces, ¿quién es el megalómano?. Quizás en Sierra Nevada hayan intuido algo hace unos días.

Pero si esto es inoportuno e inexplicable pero limitado el daño al propio Partido, resulta improcedente la ¿federalización? museística del inefable ministro de Cultura, acostumbrado a las maniobras del "alcahuetismo" político y maleable con tal de permanecer en un puente de mando, el que sea, con tal de permanecer en las cercanías del poder. Demasiado rancio. Lanzo una propuesta más o menos conflictiva, si cuela, bien y si genera confrontación llamativa, me retracto para, supuestamente, recuperar posiciones ante el público y mediáticas ante su falta de oportunidad.

Y desde la inoportunidad, pasamos a los incumplidores, en el caso al que me voy a referir, también, ilegales. Me refiero al anuncio de incumplimiento, por parte del consejero de Educación de la Generalidad catalana, de las sentencias del TSJ Cataluña y del Tribunal Supremo, referidas a la obligación del 25% de la enseñanza en español, como mínimo. Lo cual, aparte de grave y sistemáticamente incumplido, se encuentra ahora con alegría que desde el Ministerio de Educación, no moverá un dedo a favor del cumplimiento de la sentencia. Es más, dado que la vigente Ley Celaá, liquidaba el español como lengua vehicular, no incitará a cumplir la sentencia, por mucho que la ministra de Justicia -sin ninguna alegría- manifieste lo contrario: hay que cumplirlas. Toda una demostración de coherencia y cohesión en un Gobierno de Coalición que debería exigir el cumplimiento antes que ceder y caer en la indignidad por un puñado de votos para aprobar los PGE, tal cual debería ser su obligación. Por cierto, que la posición no intervencionista del Gobierno basa la misma en esa Ley Celaá, dudosamente constitucional a día de hoy, el tiempo dirá el daño causado e irreparable, según se defina el TC. De las palabras de Ada Colau, lo procedente porque es lo que menos le gusta es no darle vela en este entierro.