Cualquier español de bien puede pensar que Ortega y Gasset tenía razón cuando opinaba en 1932 que el problema catalán no tenía solución ("sólo se puede conllevar") o que ha llegado la hora de la verdad y el desafío insurgente del Gobierno autonómico catalán, una afrenta intolerable con un coste político, social y económico de muy graves consecuencias, ha tenido el desenlace que merecían sus responsables. Como decía Lidia Falcón, "hay dos generaciones de catalanes a las que han troquelado con la idea de que todos los males de Cataluña vienen de España". Pesan, demasiado, 37 años de persistente adoctrinamiento, de cultivo sistemático del victimismo, el odio, el impacto destructivo de la soberbia, el instinto de supremacía, el menosprecio despectivo del adversario, la servil propaganda de los medios de comunicación propios, de otros subvencionados y de la equidistancia de ciertos canales televisivos con el doble juego para ganar audiencias.

El art. 155 ha sido la respuesta del Estado de Derecho dentro del marco legal contra "la decisión unilateral de independencia", demostrando la solidez de la institución para garantizar el cumplimiento exacto de la Constitución. Supone, además, un golpe de efecto para contener al secesionismo y acallar a los corifeos de una visión sesgada de la justicia social que intoxican y hacen el juego a los separatistas. Actitudes que han originado conductas ridículas, engañosas, propiciando un clima de desconcierto y fragmentación, un auténtico atentado contra la convivencia y la normalidad de los propios catalanes y de todos los españoles y cuyos responsables habrán de dar cuenta a la justicia. Es inconcebible que muchos de los que invocaron la imposición del artículo se lamenten ahora de sus irrevocables consecuencias. Es el fracaso de quienes sobrevaloraron el independentismo y menospreciaron al Gobierno.

Alfonso Guerra, con quien puede diferirse en su ideología pero hay que reconocer como eficaz artífice y eminente rector de nuestro régimen democrático, se manifestó muy pronto a favor del establecimiento del 155, que nosotros habíamos reivindicado en esta columna. Con su habitual ingenio hizo un retrato exacto de este nefasto Puigdemont como personaje "de ópera bufa", cuya huida a Bruselas confirmaba su grotesca y patética actuación. De él y de sus compañeros golpistas. Ellos "urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista perfectamente organizada y con un reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones", según decretaba la juez Lamela. Y todo aprovechándose de un sistema que penaliza a los partidos estatales minoritarios y que les ha permitido una cómoda y favorable alternancia política. Aunque no haya total separación de poderes, hablar de injerencia del Gobierno en la decisión judicial es inexacto e irracional.