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Los datos y previsiones que les aporté la pasada semana obligan al Gobierno, sea del color que sea, a adoptar medidas que equilibren la creciente diferencia entre ingresos y gastos en materia de pensiones. De la mano de Gonzalo Bernardos, entraré hoy en las ventajas y desventajas de las más lógicas.

Así, en primer lugar, cabe aumentar el tipo de las cotizaciones sociales de los empleados y la base máxima de cotización. En ambos casos crearíamos nuevos problemas: se reduciría la competitividad de las empresas y se limitaría la capacidad de aumento del salario de los trabajadores. Es posible, en segundo lugar, una equiparación de los tipos de los autónomos y de los asalariados. Aunque ello permitiría una elevación de las pensiones de aquéllos, no debe desconocerse la situación desesperada, cuasi terminal, de la mayoría de autónomos españoles. Puede, en tercer lugar, incrementarse la edad de jubilación, ligándola, señala Bernardos, a la esperanza de vida. De esta forma, la prórroga sería automática y no fruto de una comprometida decisión de gobierno. Además de la contestación social, tal opción resultaría inútil si, al tiempo, no se disminuye el número de años regalados por la Seguridad Social, lo que a la postre depende de circunstancias no dominables. Cabe también, en cuarto lugar, establecer una reducción de la primera pensión, esto es, introducir una penalización en ella. La disminución podría afectar a todos o a una parte de los nuevos pensionistas y, en el primer caso, ser idéntica para cualquier nivel de prestación o más elevada cuanto mayor sea la misma. Ni les cuento el terremoto social que este giro copernicano causaría. Y, finalmente, podría pensarse en una aminoración secuenciada del poder adquisitivo de la totalidad de las pensiones, aplicándoles un factor corrector. Esa era la fórmula de Rajoy y otra vez nos toparíamos con la repulsa de un sector social cada día más numeroso, movilizado y decisivo en la llevanza del país.

¿Qué hacer pues? ¿Combinamos todas las medidas vistas con sus pros y sus contras? ¿Tiene futuro nuestro sistema público de pensiones? No sin un alto coste social y político. La inmigración masiva, la bajada del paro y el aumento de la productividad -y de los salarios- generada por la robotización quizá alivien el trance. Pero no resultará fácil que los astros se alineen. No hay, me temo, solución sin dolor. Ni, claro, algo de coraje político en quien la diseñe.

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