ALEGA el juez de lo Penal número uno de Sevilla que estaba convencido de que Santiago del Valle, el hombre sospechoso de matar a la niña de Huelva, estaba encarcelado: penas imaginarias para pagar delitos reales. Añade en su disculpa, ahora que ha descubierto la tremenda e incontrovertida verdad, que la sentencia no se ejecutó a causa de la baja laboral de cinco meses de una funcionaria de su juzgado. A primera vista puede parecer un argumento desproporcionado (una baja frente a una muerte) o débil, pero no es así. La baja laboral es uno de esos argumentos absurdos (pero inapelables) que usa la Administración para tapar las contingencias. Cualquiera que se haya aventurado por los despachos en busca de un documento se ha encontrado en algún momento frente a la terrible y terminante realidad de la baja laboral. "La compañera no está y no puedo hacer nada", se suele decir a los administrados con la misma fatalidad con que el oráculo predecía las desgracias. Nadie es culpable en apariencia. Ni el juez ni el jefe de sección ni la funcionaria enferma ni la Administración. ¿Quién no ha saboreado ese inapelable ritmo de la burocracia ?

La meticulosa crónica de Jorge Muñoz, publicada ayer en nuestro periódico, sobre la enmarañada (y caótica) senda que siguió en los juzgados sevillanos el procedimiento contra Santiago del Valle tiene los mismos componentes angustiosos que una pesadilla de Kafka. Uno va recorriendo los accidentes, meandros y dilaciones del expediente judicial y, aunque en todo momento abriga la convicción de que se cometió un clamoroso y terrible error, no es capaz de determinar quién es el culpable absoluto o en qué momento se desencadenó el descuido que originó el fatídico desatino. El relato de cada uno de los tramos que superó el proceso está presidido por la lógica espesa e impenetrable de la burocracia, capaz de conducir a prisión a un hombre por un delito menor cometido hace quince años o de dilatar la ejecución de una sentencia. No hay, en apariencia, un fallo clamoroso. La explicación es más obtusa y turbadora. Son el propio sistema oficinesco y sus inquietantes normas de funcionamiento los responsables últimos del terrible desaguisado.

Tan injusto es que la turbamulta trate de linchar al acusado como que culpe al juez de la muerte de la niña. ¡Quién sabe lo que habría pasado si Del Valle hubiera cumplido puntualmente su pena! Quizá habría salido a los pocos meses y cometido la misma tropelía o incluso una mayor. Las redes de casualidades que cabe imaginar son inútiles e infinitas. Nuestra única certeza, por desgracia, es que la Administración falló y que hay que impedir que se repita.