La Casa Real ha hecho público un comunicado en el que detalla que, a partir de ahora, todos podremos conocer el patrimonio de Su Majestad, que actualmente al parecer ronda los 2,5 millones de euros. Dicho patrimonio, aclara la nota, proviene sobre todo de sus retribuciones percibidas primero como Príncipe de Asturias y luego como Rey, y la justificación de la publicidad se enmarca en los principios de transparencia y ejemplaridad que pretende sean el santo y seña de su mandato, y dar así "cumplimiento a su compromiso de renovar la Monarquía para un tiempo nuevo".

Este "tiempo nuevo" que de manera literal se invoca en el comunicado es posiblemente lo más interesante de este nuevo movimiento que se hace desde Zarzuela con el indisimulado interés del Gobierno (paralelamente, ha sido aprobado un Real Decreto que reforma la estructura y funcionamiento de la Casa Real), y que cambiará para siempre la forma en que la Monarquía se ha venido organizando desde los tiempos de don Juan Carlos, cuya libertad de criterio y relativa independencia respecto al control gubernamental ha dejado los sonados episodios que todos conocemos. La sociedad española ha cambiado mucho en los últimos años, no digamos sus agentes políticos, y también la forma de manifestarse en relación con la institución monárquica, quedando las defensas del Rey cada vez más al descubierto, por lo que aquellas virtudes tan valoradas en el viejo Rey como el olfato político o la habilidad para las relaciones públicas al máximo nivel han pasado a un segundo plano, en beneficio de otras menos llamativas como la ética o la ejemplaridad.

Dejando sentado que todo ejercicio de transparencia que venga desde el ámbito de lo público es siempre bienvenido, el nuevo escenario que le queda a la Monarquía no deja de tener un cierto aire de funcionarización de la figura del Rey, como si su función, formalmente representativa y en esencia distinta de los otros poderes del Estado, perdiera ese aura de estrambote superior que une todo el ensamblaje de nuestro estado social y democrático de derecho para adentrarse en el más grisáceo ámbito administrativo de primer funcionario cualificado del Estado, sometido al cada vez más estrecho corsé que regula hasta el último detalle de sus funciones constitucionales. Y es que a este paso, parafraseando a José María García, va a ser el primero de los españoles… declarando el impuesto de la renta.