La deuda y otras pamemas

Cualquiera que le eche un vistazo, aunque sea superficial, a la enrevesada cuestión del traslado de la deuda autonómica –los términos condonación o quita no dejan deja de ser pamemas del lenguaje político– sabe que estamos ante el pago por parte de Pedro Sánchez del enésimo trágala que le imponen los nacionalistas catalanes para mantenerlo en el poder. Ni más ni menos. Y sabe igual de bien que el sobreendeudamiento catalán, que esta chusca operación trata de resolver, está directamente relacionado con el gasto excesivo en el que incurrió la Generalitat separatista para pagar los excesos de intento de golpe de 2017. El hecho de que la medida se le haya ofrecido al resto de las comunidades autónomas es una torpe cortina de humo que trata de ocultar, de mala manera, este nuevo desafuero.

Estas son las circunstancias que rodean una polémica en la que una vez más se anteponen intereses de partido a lo que debería ser una gestión eficaz mirando los intereses de los administrados. La Junta de Andalucía ya ha dejado bien sentado que no piensa acogerse y que no trasladará a la administración central un porcentaje no pequeño de la bolsa de deuda que tiene acumulada. Considera, según el presidente Moreno, que Andalucía no tiene un problema de endeudamiento y que el objetivo no es otro que mutualizar la nueva humillación que impone el nacionalismo catalán.

Pero hasta ahora, al menos que el firmante conozca, ni el presidente ni su consejera Carolina España han dado un solo argumento sólido que explique en qué perjudica a Andalucía dejar de pagar intereses de una parte de su deuda y disponer, por tanto, de más dinero en la caja para dedicarlo, por activa o por pasiva, a mejorar los servicios que presta a los andaluces. Los ciudadanos seguirán igual de endeudados esté ese débito en manos del Estado o de la Junta. Pero el Gobierno andaluz tendrá más dinero y, por lo tanto, más margen de maniobra para cumplir sus objetivos. Con el rechazo a reducir la deuda deja de prestar un servicio a los andaluces y antepone una maniobra de partido a lo que tendrían que ser sus prioridades lógicas. Eso ocurre en una comunidad en la que un servicio básico como la sanidad está, según admite la propia Junta, al borde del colapso. Así va la política.