LA Cámara de Cuentas de Andalucía es un órgano de extracción parlamentaria encargado de velar por la limpieza de las cuentas de la Junta, los ayuntamientos y las diputaciones, así como de las empresas públicas. Viene haciendo un trabajo notable con unos medios limitados.

Ahora la Cámara ha hecho público su informe de fiscalización y control de las ayudas repartidas en el plan de fomento del trabajo autónomo en la comunidad autónoma entre 2007 y 2013. Con el resultado temido: el 42% de las ayudas están sin justificar y, lo que es peor, con el plazo legal para justificarlas ya vencido. Significa que hay 138 millones de euros en peligro de "perderse". Entiéndase, que la Junta de Andalucía ha perdido el control sobre su utilización. Los ha gestionado mal, en la medida en que no ha vigilado que se hayan destinado al objetivo previsto.

Más aún, el Gobierno andaluz ha aplicado con esplendidez la práctica de la exoneración (conceder nuevas subvenciones a autónomos que no han justificado subvenciones anteriores o que mantienen deudas) y en los procedimientos de reintegro abiertos a los incumplidores ni siquiera la Consejería de Economía responsable de las ayudas ha pasado a la de Hacienda los oportunos expedientes para reclamar el dinero por la vía ejecutiva. Todo eso multiplica el riesgo de caducidad de las reclamaciones a los beneficiarios.

Aquí llueve, no ya sobre mojado, sino sobre enormes charcos de descontrol. Lo mismo que denuncia ahora la Cámara de Cuentas sobre las ayudas al autoempleo (falta de seguimiento, ausencia de vigilancia, exoneraciones) es lo que ya hemos comprobado anteriormente con los expedientes de regulación de empleo, los cursos de formación de trabajadores, las subvenciones a patronal y sindicatos, las ayudas a empresas y hasta las contribuciones a la labor humanitaria de distintas ONG. Varias de estas políticas autonómicas se encuentran bajo la lupa de los tribunales de Justicia, con eso está dicho todo.

Resumen de la jugada: aquí los gobernantes han estado disparando con pólvora del rey, secundando el sofisma de que el dinero público no es de nadie y repartiendo fondos a mansalva para fines seguramente razonables y bienintencionados, pero cuya consecución no se ha podido comprobar porque no se ha controlado el uso que han hecho de ellos sus receptores.

Y así durante muchos, muchos años.