La otra orilla

El derecho a la vivienda

Las administraciones deben promover un parque de viviendas con precios por debajo del mercado

El artículo 47 de la Constitución dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Cada año, los Presupuestos Generales del Estado convierten este artículo en papel mojado. A pesar del estallido de la burbuja inmobiliaria, la política de vivienda de los sucesivos gobiernos no ha cambiado sustancialmente. Se generó algo de alarma social con el grave problema de los desahucios, pero una vez pasado el boom informativo, siguen existiendo desahucios, personas expulsadas de sus hogares y la misma política de vivienda.

En aquellos días se habló de potenciar una política de alquileres sociales, con ayudas a los colectivos más vulnerables. En Andalucía se desarrolló una Ley que incidía en la Función Social de la vivienda, que fue recurrida por el Gobierno central y que pasó a dormir el sueño de los justos. La realidad es que no hay una política de alquiler social, los precios en toda España han crecido más que los salarios. El gasto medio de los hogares en alquileres reales ha aumentado un 10% entre 2008 y 2016. Los hogares dedican casi el 31% de sus gastos a gastos relacionados con la vivienda, siendo ese porcentaje de más del 40% entre los más pobres.

Nos encontramos en una situación crítica, con una parte importante de la población que no puede acceder a un crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda ni tampoco puede pagar una renta de alquiler. Dada la dificultad de parte de la población para poder hacer frente con sus ingresos a los precios del mercado, se requiere un cambio drástico de rumbo en las políticas de vivienda, que impulse los parques de vivienda social, desarrollando mecanismos de financiación que potencien la banca pública, la inversión no especulativa o la mutualización.

Al mismo tiempo hay que generar más parque de vivienda estable y asequible que vaya unido a la profesionalización en la gestión, tanto desde el sector público como privado. Hay que impulsar fórmulas de colaboración entre el sector público y el privado, con programas de ayuda al alquiler, con programas de ayuda a las personas en situación de desahucio. Las administraciones deben promover un parque de viviendas con precios por debajo del mercado. Los retos son muchos y no deben esperar más. Hay que avanzar para que todos y todas tengamos un techo digno donde vivir.

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