Antonio Garamendi continúa al frente de la CEOE tras ganar las elecciones con más del 80% de los votos, sin trampa ni cartón, con voto presencial y sin delegación, lo que ha obligado a empresarios de toda España a viajar a Madrid para depositar su voto en la sede de Diego de León. Un palo para Sánchez Llibre, presidente de Foment, y para sus terminales mediáticas, que movilizaron en una campaña contra Garamendi que incluyó dardos personales. Como fue un palo también para un sector del independentismo catalán.

El Gobierno ha tomado buena nota de lo que supone esa continuidad. Sánchez se inauguró como presidente de la Internacional Socialista lanzando un mensaje a Garamendi para que acepte ya un pacto de empleo; el ministro Escrivá ha iniciado negociaciones con los sindicatos y sólo sindicatos para que acepten la subida de cotizaciones que le permitirá recaudar 70.000 millones de euros y callar a Bruselas, que sigue preocupada con las cuentas españolas, mientras que Yolanda Díaz, que presumía de buenas relaciones con Garamendi -no eran tan buenas- quiere, como Escrivá, que Garamendi acepte que la subida del salario mínimo quede vinculado a la inflación.

Ya le gustaría a Sánchez, a Díaz y a todos los españoles que efectivamente se produjera esa subida, pero más allá de demagogias y electoralismo habría que preguntarse si se puede asumir. No hay economista al que se pregunte, de derechas o de izquierdas, que no reconozca que la España actual no está para alegrías, y que, por mucho que presione el Gobierno a los empresarios, Calviño y Montero (María Jesús) saben que el sistema hoy no aguantaría ese incremento en función de la inflación, porque provocaría cifras imposibles para el empleo. Cierres y reestructuraciones con despidos, y reticencias para abordar nuevas contrataciones. Sobre todo si además de subir obligatoriamente los salarios suben también las cotizaciones a la Seguridad Social. Cruda realidad que conocen los empresarios, los sindicatos, los jóvenes que no consiguen primer empleo y los menos jóvenes que llevan años sin que reincorporarse al mercado del trabajo. Y lo saben los autónomos, que cada vez son más, y están a vueltas con los números para hacer frente a las nuevas subidas de inflación y de las cotizaciones.

Garamendi no es el único español que planta cara al Gobierno cuando tanto aprieta, pero al menos pelea para que la frivolidad de ese Gobierno disparando el gasto, la deuda y la presión fiscal, no repercuta en el bolsillo de los empresarios, sobre todo de los medianos y pequeños. Porque son los empresarios los que crean más trabajo. Y los emprendedores que se buscan la vida como pueden.