ES una paradoja que la ley de la transparencia reserve un rincón opaco a la Casa del Rey. Es verdad, como ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que no es una administración pública pero es la Jefatura del Estado y está sostenida con el presupuesto público. ¿Cómo se puede explicar que la Jefatura de Estado sea el único lugar en sombra de un país transparente, sobre todo cuando uno de sus miembros, el duque de Palma, se encuentra sometido a un proceso judicial y el propio Rey se ha comprometido a hacer públicas sus cuentas? Está muy bien que la Administración sea translúcida, que cualquier ciudadanos pueda conocer cómo se gasta el dinero público, quién lo cobra y cuánto. Pero me inquietan algunos aspectos relativos a la gestión de las cuentas y, en particular, al blindaje del déficit bajo pena de inhabilitación. Considerar delito sobrepasar el gasto presupuestario, ordenar pagos o reconocer obligaciones sin crédito es un disparate que atenta contra el margen discrecional que merece un gestor político para abordar situaciones sobrevenidas. ¿Cómo, si no superando las previsiones contables, se puede afrontar las consecuencias de un imprevisto menor o de una catástrofe? La tiranía de la contabilidad amenaza con dejar fuera de la ley cualquier política que no sea la canónica neoliberal. A fuerza transparencia se corre el riesgo de acabar como el Licenciado Vidriera.